La muerte del voluntario Leandro Espinoza, tras recibir un disparo de un inspector municipal durante un procedimiento en Mall Plaza Egaña, reabre el debate sobre el uso de armamento por parte de funcionarios comunales. El alcalde José Manuel Palacios es cuestionado por promover una política de seguridad al margen de la ley.
Inspector municipal quedó en prisión preventiva tras disparar durante procedimiento en Mall Plaza Egaña
La muerte del voluntario de Bomberos, Leandro Espinoza Salazar, ocurrida el pasado 17 de mayo frente al Mall Plaza Egaña, ha desatado una fuerte controversia sobre el modelo de seguridad implementado por el municipio de La Reina. El caso involucra a un inspector municipal armado que, en medio de un procedimiento para disolver una manifestación, disparó su arma de fuego, provocando heridas a tres personas. Espinoza falleció tras recibir un impacto en el rostro.
El hecho ocurrió durante intento de disolver manifestación de motociclistas
El exfuncionario municipal fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, el inspector habría hecho uso de su arma tras ser agredido en el contexto de un enfrentamiento con un grupo de cerca de 70 motociclistas, que se manifestaban en las afueras del centro comercial.
La presencia de personal municipal en una situación de esa naturaleza, y el uso de armamento no autorizado, vuelve a poner en cuestión la legalidad y los límites de las políticas de seguridad ciudadana que algunas municipalidades han promovido.
Alcalde Palacios impulsó uso de armas no letales pese a restricciones legales
Durante el último año, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), ha liderado una política de fortalecimiento de la seguridad comunal, promoviendo que inspectores municipales porten dispositivos disuasivos, incluidos bastones retráctiles, gas pimienta y armas eléctricas tipo Taser.
Esto, a pesar de que la legislación chilena prohíbe expresamente el uso de cualquier tipo de armamento —letal o no letal— por parte de personal municipal.
Consulta ciudadana generó críticas por presunto uso político del tema
En septiembre de 2023, Palacios impulsó una consulta ciudadana para medir el respaldo a estas medidas. La iniciativa fue ampliamente cuestionada por concejales y organizaciones civiles, que acusaron un uso político del tema de la seguridad.
A través de un requerimiento presentado ante la Contraloría General de la República, los concejales Cristián del Canto (PS), Fernando Encina (FA) y Fresia Pérez (IND) denunciaron que el municipio estaba utilizando recursos públicos en una campaña que generaba expectativas ilegales y ponía en riesgo tanto a los funcionarios como a la comunidad.
Concejales alertaron sobre falta de formación y respaldo legal
“Una vez más, el alcalde Palacios intenta hacer del problema de la inseguridad un espectáculo político y, sobre todo, electoral”, señaló en ese entonces el concejal Encina.
Las críticas apuntaban no solo a la falta de atribuciones legales por parte de los inspectores, sino también a la ausencia de formación profesional y respaldo institucional ante situaciones de riesgo.
Investigación apunta a eventuales responsabilidades institucionales
El caso de Leandro Espinoza ha reactivado estas advertencias. La investigación en curso no solo busca esclarecer las circunstancias precisas del disparo, sino también determinar eventuales responsabilidades institucionales en la cadena de decisiones que permitió que un funcionario municipal portara un arma de fuego.
A juicio de varios actores locales, lo ocurrido evidencia que la estrategia impulsada desde el municipio no solo contraviene la normativa vigente, sino que puede tener consecuencias fatales.