Un operativo para controlar comercio ilegal terminó en una confusa detención que finalmente fue descartada por falta de mérito. El caso reabrió el debate sobre la seguridad municipal y el rol del Estado frente a la creciente violencia en las fiscalizaciones.
Operativo terminó en denuncias cruzadas y una detención sin mérito
Un procedimiento de control de espacios públicos realizado por inspectores de la Dirección de Seguridad Pública (DISEP) de la Municipalidad de Temuco derivó en un incidente que concluyó con la detención —luego dejada sin efecto— de un fiscalizador municipal.
El hecho quedó registrado en cámaras corporales municipales y ocurrió durante una fiscalización a vendedores ambulantes ubicados en la intersección de Portales con Bulnes. Según los antecedentes, un grupo de comerciantes reaccionó con insultos, amenazas y agresiones contra el equipo municipal, lo que motivó el refuerzo de más fiscalizadores y la llegada de Carabineros.
En medio del procedimiento, una fiscalizadora resultó agredida luego de recibir dos golpes de puño en el rostro por parte de una vendedora, quien fue detenida por Carabineros.
Denuncia posterior y decisión de Fiscalía tras revisar antecedentes
Durante el control policial, otra vendedora acusó a un fiscalizador municipal de haberla agredido. Según consta en el parte inicial, los efectivos policiales —sin escuchar la versión del funcionario ni del primer contingente presente— dispusieron su traslado al consultorio Miraflores para constatar lesiones, donde se le notificó que quedaba detenido.
El Ministerio Público instruyó su presentación a control de detención por el presunto delito de agresión. Sin embargo, en audiencia, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar, argumentando falta de mérito para continuar con la investigación. Como resultado, el trabajador municipal recuperó su libertad bajo el principio de oportunidad y retomó sus funciones.
Municipio pide mayor respaldo estatal para enfrentar comercio ilegal
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, lamentó la situación vivida por el equipo de fiscalización, señalando que fueron “perseguidos, golpeados e increpados duramente” durante la intervención.
“Necesitamos el apoyo de la institucionalidad del Estado. Enfrentar el comercio ambulante es una decisión de Estado, no solo de la Municipalidad”, enfatizó.
Desde la Dirección de Seguridad Municipal añadieron que la detención y las agresiones no frenarán su labor. “Vamos a seguir impidiendo el comercio ilegal que afecta al centro de la ciudad”, afirmaron.
El episodio vuelve a evidenciar la complejidad de las labores municipales en el control del comercio informal y reimpulsa la discusión sobre la pronta aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, considerada clave para fortalecer la protección y las atribuciones de los equipos de fiscalización.