El concejal Miguel Santana presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco para impugnar un dictamen de la Contraloría General de la República que limita la fiscalización directa de los concejales en dependencias municipales.
El concejal de Padre Las Casas, Miguel Santana, ingresó una acción judicial con el objetivo de dejar sin efecto el dictamen D148/2026 emitido por la Contraloría General de la República.
Dicho pronunciamiento establece que las labores fiscalizadoras de los concejales deben realizarse a través de mecanismos formales, restringiendo la posibilidad de efectuar inspecciones directas en dependencias municipales sin autorización previa de la autoridad comunal.
Esta interpretación ha generado inquietud entre autoridades locales, quienes advierten que podría limitar el ejercicio efectivo del rol fiscalizador que la ley les asigna.
“Se afecta el rol de control y el equilibrio institucional”
Según argumentó Miguel Santana, el dictamen “infringe las facultades legales y el espíritu fiscalizador inherente al cargo”, al imponer condiciones que, a su juicio, no se ajustan a la normativa vigente.
El concejal sostuvo que exigir autorización previa del alcalde para realizar labores de fiscalización resulta contradictorio, considerando que precisamente una de sus funciones es supervisar la gestión de la autoridad comunal.
“Se pierde el sentido de oportunidad de la fiscalización y no podemos estar solicitando permiso al alcalde a quien también debemos fiscalizar”, afirmó.
En ese contexto, advirtió que la medida podría afectar el equilibrio entre las atribuciones del alcalde y el rol de los concejales como órganos de control dentro de la institucionalidad municipal.
Caso podría sentar precedente a nivel nacional
La acción judicial presentada ante la Corte de Apelaciones de Temuco busca que el tribunal declare inaplicable el dictamen en este caso específico, resguardando el ejercicio autónomo de la función fiscalizadora.
De acuerdo con lo señalado por el concejal, la presentación no solo responde a una controversia jurídica puntual, sino que apunta a proteger principios fundamentales como la probidad, la transparencia y el control democrático en la gestión municipal.
Se espera que el tribunal revise en las próximas semanas la admisibilidad del recurso, en un proceso que podría tener implicancias más amplias para el funcionamiento de los municipios en todo el país.
El resultado de esta acción podría marcar un precedente relevante respecto de los alcances del rol fiscalizador de los concejales, especialmente en un contexto donde la transparencia y el control del gasto público se han instalado como temas prioritarios en la agenda pública.