Exdirectores y funcionarios de Vialidad, junto a ejecutivos de la ex Constructora San Felipe S.A., recibieron condenas por cohecho, soborno y lavado de activos. Sin embargo, siete imputados aún enfrentan un juicio oral que podría revelar más aristas del escándalo.
A más de dos años del megaoperativo que destapó una red de corrupción pública en la Dirección Regional de Vialidad, la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) consiguieron las primeras condenas en uno de los casos más emblemáticos de irregularidades en la adjudicación de contratos viales. En total, seis de los 13 acusados aceptaron someterse a un juicio abreviado, recibiendo penas menores que no implican cárcel efectiva, pero con sanciones que incluyen inhabilitaciones para trabajar en obras estatales.
Juicio abreviado y primeras condenas
Entre los condenados figura el exdirector regional de Vialidad, Roonie Focacci Yugo, sentenciado por delitos de cohecho a penas de reclusión menores, multas e inhabilitación para ejercer cargos relacionados con contratos estatales. Junto a él, los exinspectores fiscales Jorge Padilla Guzmán y Fernando Querquezana Querquezana también fueron sancionados por cohecho y negociación incompatible, respectivamente.
Por parte de la desaparecida Constructora San Felipe S.A., fueron condenados el exgerente de Operaciones Carlos Trautmann Montt, la exjefa de Finanzas Karen Walton Buzada y el exadministrador de Obras Víctor Strobel Pinto, todos involucrados en delitos de soborno y lavado de activos.
Si bien las penas impuestas no implican cárcel efectiva debido a la irreprochable conducta anterior de los condenados y al rango penal de los delitos, las resoluciones incluyen sanciones inéditas, como la inhabilitación temporal para trabajar en proyectos vinculados al Estado, lo que busca limitar la reincidencia en este tipo de prácticas.
Un patrón de corrupción en contratos públicos
El esquema de corrupción investigado operaba a través de pagos irregulares, sobornos y favores económicos, destinados a asegurar la adjudicación y fiscalización laxa de contratos viales a favor de la Constructora San Felipe S.A. Según la investigación, los funcionarios públicos recibían beneficios económicos directos a cambio de favorecer a la empresa en licitaciones, supervisiones y pagos de obras.
La Fiscalía destacó que este caso refleja un patrón extendido de corrupción en instituciones claves para la infraestructura pública, advirtiendo que las penas y las inhabilitaciones constituyen un precedente en la persecución penal de delitos contra la probidad administrativa.
Siete imputados esperan juicio oral
Mientras seis de los acusados cerraron su proceso con condenas abreviadas, otros siete decidieron enfrentar juicio oral en los próximos meses. En esta nómina figuran los inspectores fiscales Genaro Leal Figueroa y Lilian Medina Higueras, junto a sus cónyuges Romina Zumelzu Ruiz y Camilo Delgado Huentrutripai, quien también trabajaba en la Constructora San Felipe S.A.
Asimismo, deberán enfrentar la justicia el exjefe del Departamento de Contratos de Vialidad, Álvaro Núñez Cruz; el exjefe de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez, y su cónyuge Olaya Gálvez Riquelme.
Con este segundo tramo del proceso, la Fiscalía y el CDE esperan robustecer la persecución penal, establecer responsabilidades individuales y demostrar cómo operaba la red de corrupción que durante años vulneró los procesos de adjudicación de obras públicas.