Tras su paso por Comisión Mixta, la Sala del Senado aprobó por 31 votos a favor el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas, iniciativa impulsada por el Ejecutivo que moderniza el marco normativo de la convivencia escolar en Chile.
Con esta votación, el proyecto fue despachado por el Congreso Nacional y ahora deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional, paso previo a su promulgación como Ley de la República.
La iniciativa responde a los crecientes desafíos que enfrentan los establecimientos educacionales, apuntando a garantizar entornos seguros, inclusivos y respetuosos para niños, niñas, adolescentes y los equipos educativos, incorporando una mirada preventiva, formativa y de largo plazo.
Un cambio estructural para el sistema educativo
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación del proyecto, destacando su carácter estructural y su impacto directo en los aprendizajes.
“Chile necesita este proyecto. Nuestro sistema educativo lo precisa con urgencia. La evidencia demuestra que cuando los climas escolares no son adecuados, los aprendizajes no suceden o cuesta mucho que se desarrollen”, afirmó.
La autoridad subrayó que la iniciativa no solo aborda conflictos o situaciones de violencia, sino que incorpora una dimensión pedagógica profunda. “No es solamente un tema de derechos humanos o dignidad. Es un proyecto que apunta a la excelencia y mejora del sistema educativo”, sostuvo.
Cataldo agregó que, pese a los avances post pandemia en asistencia y aprendizajes, el mayor rezago sigue estando en el bienestar socioemocional y la convivencia escolar, transformándolo en una deuda del Estado con las actuales y futuras generaciones.
Principales medidas y nuevos instrumentos
El proyecto aprobado establece un rol activo del Estado en la promoción del buen trato y la prevención del acoso, la violencia y la discriminación en las comunidades educativas.
Entre sus principales medidas se incluyen la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con vigencia de ocho años, que articulará acciones con ministerios como Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género.
Asimismo, se contempla la obligatoriedad de contar con un Coordinador o Coordinadora de Convivencia con dedicación exclusiva en todos los establecimientos que reciben aportes del Estado, fortaleciendo la gestión interna y el acompañamiento preventivo de las comunidades escolares.
El proyecto también actualiza los Reglamentos Internos y Planes de Gestión de Convivencia, incorporando medidas preventivas frente a riesgos como violencia y consumo de drogas, además de mecanismos de detección y derivación de casos críticos.
Bienestar socioemocional y fortalecimiento institucional
Otro eje relevante es el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación, otorgándole un rol más activo en fiscalización y apoyo preventivo, junto con la creación del Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad.
La iniciativa además actualiza la Ley General de Educación y el Estatuto Docente, incorporando protocolos obligatorios contra el acoso sexual y laboral, en concordancia con la Ley N.º 21.643, y procedimientos para el reconocimiento de enfermedades profesionales vinculadas a la salud mental.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la implementación de un programa de bienestar socioemocional, que reorganiza la Jornada Escolar Completa para fortalecer el vínculo, la participación y el desarrollo integral de estudiantes, incorporando talleres deportivos, culturales y recreativos definidos por las propias comunidades educativas.
Este programa ya inició un plan piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los SLEP de Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur, con una positiva recepción por parte de las comunidades escolares.