El parlamentario acusó que una circular de la Subsecretaría de Vivienda instruye suspender despachos de documentos, pagos a proveedores y tramitación de subsidios. Anunció que recurrirá a la Contraloría para exigir explicaciones.
El diputado por La Araucanía, José Montalva, denunció la existencia de un instructivo emanado desde la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo que ordenaría paralizar distintos procesos administrativos en los servicios dependientes del Ministerio de Vivienda en todo el país.
Según explicó el parlamentario, la medida afectaría la tramitación de documentos, pagos a proveedores y procesos relacionados con subsidios habitacionales, lo que podría generar retrasos en la gestión pública del sector.
Circular instruye suspender despacho de documentos
De acuerdo con lo señalado por el diputado, las instrucciones se encuentran contenidas en la circular N.º 193, documento que fue enviado a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y a los servicios Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) desde Arica hasta Punta Arenas.
El instructivo está firmado por Tomás de Tezanos, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.
En el documento se señala que se solicita a las jefaturas y al personal encargado de oficinas de partes abstenerse de despachar cualquier tipo de documentos, internos o externos, hasta nuevo aviso.
Asimismo, se instruye suspender la tramitación y despacho de actos administrativos vinculados a nuevas adquisiciones, contrataciones o procesos de compras públicas, hasta que se entreguen nuevas directrices por parte de las autoridades.
Montalva acusa “paralización total” del sistema
En ese contexto, el diputado Montalva afirmó que el instructivo implica una paralización amplia de procesos administrativos.
“Se da un instructivo de paralizar todo: el pago a proveedores, la asignación directa de subsidios, la entrega de subsidios, todo paralizado”, sostuvo el parlamentario.
El legislador agregó que no se puede utilizar como argumento una revisión administrativa para detener el funcionamiento de los servicios públicos, ya que esto podría afectar a ciudadanos que esperan beneficios habitacionales o pagos asociados a proyectos en ejecución.
Diputado recurrirá a Contraloría
Ante esta situación, el parlamentario anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República de Chile para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad de la medida.
Según indicó, esta decisión podría contravenir el principio de continuidad del servicio público, especialmente en el contexto de un cambio de administración gubernamental.
Además, informó que oficiará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile para que se aclaren los alcances del instructivo y se informe el plazo en que se mantendría esta paralización administrativa.