La Fiscalía acusa a los imputados de presentar contratos y cotizaciones ideológicamente falsas para justificar recursos obtenidos a través de un programa de reactivación económica financiado por el Gobierno Regional de La Araucanía. La investigación continúa y no se descartan nuevas formalizaciones.
Dos empresarios fueron formalizados por el delito de obtención fraudulenta de subvenciones, en el marco del denominado caso «La Agencia», investigación que indaga presuntas irregularidades en la ejecución de recursos públicos destinados a la reactivación económica en La Araucanía.
La audiencia se desarrolló este miércoles en el Juzgado de Garantía de Temuco, donde Mauricio Vergara y Edwin Contreras fueron informados de los cargos que la Fiscalía sostiene en su contra.
Simularon contratos y alteraron cotizaciones
Según expuso el fiscal Raúl Espinoza, ambos empresarios obtuvieron $50 millones correspondientes a un programa ejecutado por la Agencia de Desarrollo Productivo y financiado con cerca de $9 mil millones aportados por el Gobierno Regional de La Araucanía.
Durante la investigación, el Ministerio Público estableció que los imputados habrían presentado contratos simulados y documentación ideológicamente falsa al momento de rendir los recursos públicos.
Además, el persecutor indicó que también utilizaron cotizaciones alteradas para inflar el valor de alimentos del mar, con el objetivo de justificar los gastos financiados mediante el programa.
Investigación sigue abierta
El fiscal Espinoza precisó que la causa aún no concluye y confirmó que existen nuevas formalizaciones pendientes, ya que los empresarios habrían actuado en coordinación con otras personas.
El caso «La Agencia» investiga diversas irregularidades en la asignación y rendición de fondos públicos entregados entre 2022 y 2023 mediante programas de reactivación económica.
En esta causa ya existen otros imputados que han sido formalizados por distintos delitos relacionados con el uso de estos recursos, mientras el Ministerio Público continúa desarrollando diligencias para establecer las eventuales responsabilidades penales.