La Región de La Araucanía fue escenario de un nuevo operativo contra el robo de madera, delito que no solo daña al sector forestal, sino que también afecta la seguridad y el trabajo de cientos de familias rurales.
La acción fue liderada por la SEREMI de Seguridad Pública, junto a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Carabineros de Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y efectivos del Ejército de Chile, quienes desplegaron controles en rutas estratégicas de la región para verificar la trazabilidad de la madera transportada.
Fiscalización en terreno
Durante la jornada, se fiscalizaron camiones de carga en distintos puntos de la región. Los equipos revisaron guías de despacho, permisos de transporte y certificados de origen, con el fin de detectar irregularidades, abrir procesos sancionatorios y derivar antecedentes a tribunales.
Una de las transportistas controladas comentó que este tipo de operativos le da tranquilidad: “A veces uno escucha que la madera robada se mueve libremente por la zona. Que revisen a todos por igual es importante, porque así los que trabajamos de manera legal no nos vemos perjudicados”.
Seguridad y confianza para la comunidad
El robo de madera es considerado una de las principales fuentes de financiamiento de redes de crimen organizado en la macrozona sur. Por eso, la acción coordinada de las instituciones busca proteger el patrimonio forestal y dar señales claras de seguridad a la ciudadanía.
La SEREMI de Seguridad Pública destacó que, pese a la cercanía de Fiestas Patrias y la realización de eventos como el Encuentro Internacional de Geoparques, las labores de prevención no se detendrán:
“Estamos controlando los camiones madereros para chequear la trazabilidad de la madera y que cumpla con toda la normativa. Vamos a seguir trabajando contra los delitos comunes y también contra aquellos vinculados al crimen organizado, porque lo más importante es que la gente de La Araucanía pueda sentirse segura en su vida diaria”.
Estado presente en el territorio
Este operativo se enmarca en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que busca reforzar la seguridad en las regiones más afectadas. Con estas acciones, el Estado reafirma que no habrá espacio para el robo ni para la ilegalidad, y que la prioridad es resguardar tanto a las comunidades como al patrimonio natural de la región.