Docentes y directivos acusan al DAEM y al municipio de vulnerar derechos laborales y tolerar prácticas de hostigamiento, mientras la educación pública local se hunde en la incertidumbre.
Despidos irregulares y juicios millonarios contra el municipio
La educación pública en Lautaro atraviesa una de sus peores crisis en años. A los despidos injustificados de profesores históricos se suma un clima de violencia creciente en los establecimientos, sin que existan medidas claras de contención por parte del municipio.
Directivos escolares se han reunido en los últimos días para evaluar acciones legales y administrativas frente a los despidos y amenazas que, según denuncian, provienen de Edison Tropa, actual director del Departamento de Educación Municipal (DAEM), y del propio alcalde Ricardo Jaramillo.
De acuerdo con antecedentes recopilados por funcionarios y apoderados, el municipio ha debido pagar más de 150 millones de pesos en indemnizaciones y juicios laborales, tras desvinculaciones calificadas como vulneraciones de derechos por tribunales competentes.
Cámaras con micrófonos y presunto espionaje a funcionarios
La situación se agrava con el antecedente de la controvertida salida del exdirector de Seguridad Pública, Daniel Moraga, quien fue desvinculado hace más de tres meses tras instalar cámaras con micrófonos en reparticiones municipales.
Según testimonios de funcionarios, estos dispositivos eran utilizados para escuchar conversaciones privadas, lo que habría permitido al alcalde identificar y despedir a quienes lo criticaban internamente.
Expertos en protección de datos calificaron la instalación de estos equipos como una práctica ilegal y violatoria de los derechos laborales.
Silencio político y una comunidad educativa en crisis
A la tensión se suma la actitud del secretario municipal, Sergio Zúñiga, quien —según fuentes internas— estaría más enfocado en interponer acciones legales en Temuco que en enfrentar la crisis educativa local.
Mientras tanto, el concejo municipal y los directores de área guardan silencio, pese a las denuncias de falta de transparencia y deficiencias estructurales dentro de la administración.
La comunidad educativa y distintos actores sociales de Lautaro exigen transparencia, respeto a los derechos laborales y garantías mínimas para el funcionamiento de los servicios públicos.
El municipio, por ahora, mantiene silencio, mientras la educación local parece navegar sin rumbo en medio de la tormenta institucional.