Este lunes 5 de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados debatirá una modificación legal que permitiría a rectores y a los llamados “académicos destacados” seguir en sus cargos pese a superar el límite de edad establecido por ley, una iniciativa que ha sido duramente criticada por asociaciones universitarias y que reabre el debate sobre probidad, privilegios y renovación de liderazgos en la educación superior pública.
Congreso busca modificar ley que obliga a renunciar a los 75 años
El Congreso Nacional de Chile votará este domingo 5 de enero una controvertida propuesta que busca modificar el artículo 90 de la Ley N° 21.724, norma que obliga a los funcionarios públicos a cesar en sus cargos al cumplir 75 años de edad.
La iniciativa permitiría que rectores de universidades estatales y determinados “académicos destacados” queden exentos de esta obligación, abriendo la puerta a que puedan mantenerse indefinidamente en puestos directivos, siempre que sean calificados bajo criterios que, según los críticos, carecen de objetividad y control externo.
El texto legal vigente establece claramente que, a contar del 1 de enero de 2027, los funcionarios afectos a diversas leyes administrativas deberán dejar sus cargos al cumplir 75 años, incluyendo explícitamente al Consejo de Rectores y a las Universidades del Estado. La modificación, en la práctica, crea una excepción hecha a la medida de un grupo reducido de autoridades universitarias.
Rectores beneficiados y críticas desde las universidades estatales
Uno de los casos que vuelve al centro del debate es el del rector de la Universidad de La Frontera, Juan Manuel Fierro, quien debería dejar su cargo en enero de 2027 conforme a la legislación vigente, tal como informó oportunamente AraucaniaDiario.
La posibilidad de modificar la ley ha generado un rechazo transversal entre asociaciones de académicos y funcionarios de las universidades estatales, quienes advierten que esta medida frena la renovación de liderazgos y debilita la legitimidad del gobierno universitario.
Desde la UFRO, un académico manifestó que la iniciativa “permite crear regímenes especiales para un grupo reducido de autoridades y vulnera el principio de igualdad ante la ley”, agregando que se trata de privilegios improcedentes que colocan a ciertas figuras por sobre las reglas comunes del servicio público.
Acusan vulneración de probidad y bloqueo a nuevas generaciones
Las críticas no se limitan a lo simbólico. Para los académicos, promover o beneficiarse de excepciones diseñadas para quienes ya ejercen poder contraviene directamente los principios de probidad, transparencia y buen gobierno que debieran regir en las instituciones del Estado.
Además, sostienen que la figura de “académico destacado” no cuenta con criterios claros, medibles ni imparciales, lo que distorsiona el concepto de mérito y genera desigualdades al interior de la comunidad universitaria.
Uno de los efectos más graves, advierten, es el impacto sobre las nuevas generaciones. Jóvenes académicos que han cursado doctorados con becas públicas, tanto nacionales como internacionales, continúan sin lograr su inserción laboral debido a la permanencia prolongada de autoridades y académicos que, con este cambio legal, podrían “eternizarse” en sus cargos.
Finalmente, se subrayó que esta eventual modificación generaría una discriminación evidente frente a otros poderes del Estado, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, donde jueces y fiscales deben retirarse obligatoriamente a los 75 años, sin excepciones ni trajes a la medida.