Un informe de la Contraloría determinó que CONAF autorizó una quema controlada sin considerar alertas de riesgo climático, lo que derivó en el incendio forestal “Providencia” que consumió más de 3 mil hectáreas y dejó viviendas destruidas en Traiguén.
La Contraloría General de la República reveló graves falencias en la actuación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el manejo de incendios forestales ocurridos en la Región de La Araucanía durante los años 2024 y 2025. Así quedó establecido en dos Informes Finales de Investigación Especial (INVE), que apuntan tanto a errores en la autorización de quemas como a deficiencias administrativas y de control.
El caso más crítico corresponde al incendio forestal “Providencia”, registrado en la comuna de Traiguén durante 2025, el cual afectó 3.064 hectáreas, destruyó ocho viviendas en la Reducción Contreras y provocó millonarias pérdidas al sector agrícola.
Quema autorizada pese a alertas climáticas
Según el INVE N°569 de 2025, la Contraloría Regional de La Araucanía estableció que CONAF no debió autorizar la quema agrícola que dio origen al siniestro, ya que ignoró antecedentes clave entregados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y la Dirección Meteorológica de Chile.
Ambos organismos habían advertido condiciones altamente desfavorables: temperaturas entre 22°C y 28°C, humedad igual o inferior al 30% y vientos de hasta 50 km/h en zonas de valle y costa. Todo indicaba un escenario propicio para la propagación del fuego, lo que finalmente ocurrió.
La CGR concluyó que la quema no fue correctamente extinguida y que la autorización careció de una evaluación rigurosa del contexto de riesgo, lo que derivó directamente en la emergencia forestal.
Sumarios, Ministerio Público y cambios obligatorios
A raíz de estos antecedentes, la Contraloría ordenó iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios de CONAF, además de remitir los antecedentes al Ministerio Público.
El informe también acreditó que CONAF incumplió su deber legal de denunciar el incendio, pese a contar con antecedentes técnicos sobre su origen. Esta omisión, según el organismo fiscalizador, afecta la trazabilidad, transparencia y eficacia del sistema de persecución penal en materia de incendios forestales.
Asimismo, se instruyó a CONAF revisar y modificar sus criterios de autorización de quemas controladas, incorporando obligatoriamente la verificación de alertas de SENAPRED y de la Dirección Meteorológica, junto con asegurar respaldo documental y trazabilidad en cada decisión.
Lonquimay: falencias en control y valorización de daños
El segundo informe, INVE N°555 de 2025, se refiere al incendio ocurrido en Lonquimay en 2024, que afectó 805,85 hectáreas de bosque nativo en el sector Troyo y requirió 129 días de combate.
La Contraloría detectó que CONAF no implementó plenamente el módulo de “Costeo de incendios y valorización de pérdidas” del sistema SIDCO, obligando a realizar estimaciones manuales, poco confiables y tardías. Por ello, se ordenó implementar dicho módulo en un plazo máximo de seis meses.
Además, se constató la falta de registro del Comandante de Incidente en 11 de 15 fichas revisadas, incluyendo casos con información incompleta o totalmente omitida, lo que llevó a exigir protocolos formales de interoperabilidad y reportabilidad.