María Cristina Pavez apunta contra el titular del CBR, Sergio Rossel, y su asesor externo Freddy Apablaza, por presuntas arbitrariedades y conflictos de interés. El caso ya está en la Corte de Apelaciones.
Un conflicto legal con repercusiones en el ámbito jurídico local
Un enfrentamiento judicial que involucra presuntas arbitrariedades, demoras injustificadas y posibles conflictos de interés se desarrolla actualmente en los tribunales de Pucón y en la Corte de Apelaciones de Temuco. La protagonista es la abogada local María Cristina Pavez, quien presentó un requerimiento contra el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de la comuna y su abogado asesor.
El documento ingresó a comienzos de abril como una gestión prejudicial, es decir, una solicitud previa a una eventual demanda judicial. La acción apunta directamente contra el titular del CBR, Sergio Rossel Ricci, y el abogado externo Freddy Apablaza Cortez.
Acusaciones de arbitrariedad y competencia desleal
Según Pavez, desde hace un tiempo el CBR se niega sistemáticamente a inscribir documentos y requerimientos presentados por ella y sus representados. Esto, sostiene, afecta su ejercicio profesional, la confianza de sus clientes y genera costos económicos por la necesidad de iniciar largos procesos judiciales.
Además, cuestiona la doble función de Freddy Apablaza, quien, afirma, presta servicios al CBR y a su vez ejerce libremente la profesión como abogado en otros casos. Según la requirente, esta situación constituiría una forma de “competencia desleal” frente a otros profesionales del derecho en la comuna.
Solicitudes de documentación y posibles acciones judiciales
El requerimiento incluye la solicitud de una gran cantidad de documentos: antecedentes de nombramiento de Apablaza, registros de procesos escriturales e inscripciones donde haya participado, así como información relacionada con terrenos indígenas y operaciones vinculadas a la municipalidad de Pucón.
En su escrito, Pavez adelanta que la información obtenida podría ser base para acciones por nulidad, indemnización, medidas disciplinarias e incluso la destitución del conservador y la desvinculación de su asesor.
La respuesta del CBR: «Uso abusivo de la medida prejudicial»
Tanto Rossel como Apablaza respondieron en el sistema del PJUD. Calificaron el requerimiento de «confuso» e “indeterminado”, argumentando que no se especifica contra quién se dirigirían las acciones legales ni qué hechos concretos las motivarían.
“La solicitante busca proveerse gratuitamente de documentos para usar en potenciales juicios sin conexión clara entre sí”, señala la defensa del conservador. Apablaza, por su parte, remarcó que hay otros profesionales que también han ejercido suplencias en el CBR sin que se cuestione su labor.
Tribunal dio luz verde a la exhibición, pero la Corte lo detuvo
Pese a los argumentos de la defensa, el tribunal local acogió la solicitud de Pavez y ordenó la entrega de los documentos requeridos. Sin embargo, tanto Rossel como Apablaza apelaron a la Corte de Temuco y solicitaron una Orden de No Innovar (ONI), la cual fue concedida mientras se resuelve el fondo del recurso.
Así, el caso se encuentra ahora en etapa de revisión en la Corte, lo que podría alargar el conflicto durante varios meses. Mientras tanto, el tema ya genera amplio debate en los círculos jurídicos de la zona.