El Estado de Emergencia Macrozona Sur reducción violencia ha sido clave durante los últimos tres años para disminuir la conflictividad en la zona. Así lo confirma el informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, que evidenció una caída del 37,3% en los delitos tras la aplicación de esta medida desde mayo de 2022.
Reducción significativa en delitos graves durante el Estado de Emergencia
El análisis comparó datos oficiales de Carabineros para 1.083 días antes y después del decreto de Estado de Emergencia en mayo de 2022, aplicado en provincias de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Los homicidios descendieron un 55%, pasando de 31 a 14 casos, con caídas destacadas en Biobío (-71%) y La Araucanía (-41%). Además, los lesionados bajaron un 51% y los incendios un 39%, confirmando el efecto disuasivo de la medida en delitos que impactan directamente la seguridad y el orden público.
Distribución territorial y desafíos en zonas no intervenidas
El informe destaca que, pese a la reducción general, la violencia se concentra en 10 comunas que concentran el 66% de los actos violentos, con Collipulli y Ercilla (La Araucanía) a la cabeza. Sin embargo, también se observa un desplazamiento hacia provincias como Ranco y Osorno, no cubiertas por la medida, donde algunos delitos, como la destrucción de vehículos, aumentaron significativamente, evidenciando la necesidad de ampliar estrategias territoriales.
Impacto en organizaciones radicalizadas y amenazas emergentes
Aunque la mayoría de las organizaciones radicalizadas disminuyeron su actividad violenta bajo Estado de Emergencia, la Resistencia Mapuche Malleco incrementó sus hechos en un 179%, consolidándose como el grupo más activo. Este fenómeno obliga a diseñar respuestas integrales que incluyan inteligencia, persecución penal y abordaje territorial, junto con fortalecer la coordinación entre fuerzas armadas, policías y autoridades civiles.
Desafíos institucionales para un abordaje integral y sostenible
El OCRIT UNAB subraya que, pese a los avances, es crucial complementar el Estado de Emergencia con políticas de desarrollo social, económico y de infraestructura que aborden causas estructurales, como la deuda histórica de tierras. También recomienda planificar un desescalamiento gradual de la medida y evitar su normalización, además de fortalecer la interoperabilidad institucional y modernizar el sistema de inteligencia estatal.
Este estudio aporta evidencia clave para el debate público y la formulación de políticas en la Macrozona Sur, demostrando que la presencia estatal robusta puede reducir la violencia, aunque exige estrategias adaptativas y multidimensionales para enfrentar las dinámicas cambiantes del conflicto.