El jefe comunal arriesga una condena de hasta 4 años, tras ser acusado de incumplir una orden judicial en un juicio laboral del año 2023.
El Ministerio Público formalizó cargos por el delito de desacato contra el alcalde de Collipulli, Manuel Macaya Ramírez, en el marco de una causa penal que se remonta al año 2023. Este martes 22 de julio, en el Juzgado de Garantía de Collipulli (RIT O-1118-2023), se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio oral, lo que marca un nuevo hito judicial para el cuestionado edil.
Alcalde omitió orden judicial en juicio laboral
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, los hechos se originan en el contexto de un juicio laboral por vulneración de garantías constitucionales, interpuesto por la entonces directora del Departamento de Salud Municipal. Durante el proceso, el tribunal ordenó al alcalde acompañar prueba documental, instrucción que Macaya habría ignorado de forma injustificada.
Este incumplimiento derivó en la aplicación de una multa en su contra y en la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, con el objetivo de investigar la posible comisión de un delito de desobediencia a una resolución judicial, tipificado como desacato en la legislación penal chilena.
Ministerio Público rechazó salida alternativa
Durante el desarrollo del proceso, la defensa del alcalde solicitó una salida alternativa, mediante una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio. No obstante, debido a que se trata de un funcionario público que habría cometido el delito en el ejercicio de su cargo, cualquier mecanismo alternativo requería la aprobación del fiscal regional, quien no accedió a dicha solicitud.
Cabe recordar que en el año 2012, el mismo alcalde ya había accedido a un acuerdo reparatorio en una causa por apropiación indebida (RIT O-598-2010), también tramitada en el Juzgado de Garantía de Collipulli.
Edil arriesga hasta 4 años de condena
Con la audiencia de preparación de juicio oral ya realizada, el Juzgado de Garantía de Collipulli deberá remitir los antecedentes al Tribunal Oral en lo Penal de Angol, el cual deberá fijar fecha para la realización del juicio. Se estima que dicha audiencia se concrete dentro de un plazo de 3 a 6 meses.
El Ministerio Público solicita una pena de 3 años de presidio para el edil de Renovación Nacional, mientras que la parte querellante exige una condena de 4 años. En caso de una sentencia condenatoria, es altamente probable que la pena sea sustituida por una medida alternativa, lo que implicaría que el alcalde no cumpliría cárcel efectiva, aunque sí quedaría con anotación prontuarial y penas accesorias.