Muriel Maturana firmó el informe que defendió al Administrador Municipal Ricardo Toro, pese a mantener cercanía social con Sergio Neira, dueño de Socosur, empresa favorecida con contratos por más de $3.700 millones.
El informe en entredicho
La crisis en el Municipio de Temuco sigue creciendo y ahora involucra directamente a la Directora Jurídica, Muriel Maturana Arriagada, cuestionada por su rol en la defensa institucional del Administrador Municipal, Ricardo Toro Hernández, quien además ha ejercido en varias ocasiones como alcalde subrogante.
La controversia comenzó con la denuncia de la concejala Claudia Peñailillo, quien acusó a Toro de conflicto de interés, falta de probidad y eventual negociación incompatible por favorecer a empresas como Idela, Icosen y Socosur, que desde 2022 han recibido más de $3.700 millones en contratos municipales.
La Dirección Jurídica emitió un informe para desestimar la denuncia, firmado por Maturana. Lo que en un inicio parecía parte del procedimiento administrativo normal terminó siendo cuestionado al conocerse sus vínculos sociales con uno de los empresarios involucrados.
Vínculos sociales con un proveedor municipal
En registros públicos de Facebook, la Directora Jurídica aparece comentando fotografías de Sergio Neira Bastías, dueño de Socosur, con expresiones como: “Está pa revista!!” y “Wena vecino!! Tremenda foto!!”.
Aunque estas interacciones podrían entenderse como comentarios personales, adquieren una connotación crítica considerando que Maturana es la máxima asesora legal del municipio y participó en la defensa institucional en un caso donde el empresario es parte interesada.
Posibles infracciones legales
Según la legislación chilena, la situación podría comprometer distintas normas de probidad administrativa:
- Ley 20.880 sobre probidad y conflictos de interés: prohíbe intervenir en procesos si existen vínculos que afecten la objetividad.
- Ley 18.575 de bases generales de la administración: obliga a la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
- Ley 19.880 de procedimientos administrativos: su artículo 12 exige abstenerse en caso de amistad, enemistad o intereses económicos.
- Ley 20.730 de lobby: regula gestiones de interés privado y exige su registro.
- Ley 20.285 de acceso a la información pública: garantiza que estos antecedentes sean accesibles para la ciudadanía.
De confirmarse, la firma de Maturana podría considerarse viciada por falta de imparcialidad, afectando tanto la defensa de Toro como la validez del informe institucional.
Más dudas sobre la defensa municipal
La polémica se amplifica porque el documento también fue firmado por el Director de Control Interno, Octavio Concha, quien enfrenta un sumario administrativo bajo la Ley Karin por acoso laboral y sexual. Esto golpea aún más la credibilidad del informe y refuerza las exigencias de una auditoría externa independiente.
Camino a la Contraloría
La concejala Claudia Peñailillo anunció que enviará los antecedentes a la Contraloría General de la República, lo que podría derivar en:
- La nulidad del informe de defensa.
- Sanciones administrativas para los funcionarios involucrados.
- Posibles responsabilidades penales en caso de acreditarse infracciones a la probidad.
Una crisis de confianza en Temuco
El conflicto trasciende a los nombres propios y golpea directamente la confianza ciudadana en la gestión municipal. La transparencia y la probidad son pilares del uso de recursos públicos, y hoy la Directora Jurídica, llamada a ser garante de la legalidad, queda en el centro de una controversia que cuestiona la independencia y objetividad del municipio frente a las denuncias de la propia comunidad.