Auditoría detectó fallas estructurales en la prevención volcánica, planes de emergencia desactualizados y miles de viviendas en zonas de alto riesgo, mientras equipos clave permanecen guardados por años sin implementación.
Un lapidario informe de la Contraloría Regional de La Araucanía dejó al descubierto graves deficiencias en el sistema de monitoreo y gestión del riesgo del volcán Villarrica, uno de los más activos de Sudamérica, evidenciando una preocupante brecha entre la inversión pública en prevención y su efectiva implementación en terreno.
La auditoría, realizada al Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS), dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), constató que 597 equipos de monitoreo volcánico permanecen sin uso, almacenados en bodegas de Temuco, pese a tratarse de instrumental clave para la detección temprana de deformaciones, actividad sísmica y otros indicadores críticos de una eventual erupción.
Equipos de prevención guardados por más de una década
Uno de los hallazgos más críticos del informe apunta a que parte de los equipos sin utilizar fueron adquiridos hace más de 12 años, lo que evidencia una grave falla en la planificación, implementación y priorización de la prevención del riesgo volcánico.
La Contraloría advierte que esta inacción reduce significativamente la capacidad de anticipación ante una emergencia, especialmente considerando el historial eruptivo del volcán Villarrica y la alta concentración de población en su zona de influencia.
Planes de emergencia desactualizados y evacuaciones en zonas de riesgo
El informe también reveló que el Plan Regional de Emergencia y el Plan Específico de Emergencia por Erupción del volcán Villarrica no han sido actualizados, incumpliendo la normativa que exige revisiones periódicas cada dos años. Esta omisión compromete la coordinación interinstitucional y la respuesta oportuna ante un evento volcánico mayor.
En materia de evacuación, la auditoría detectó que uno de los Puntos de Encuentro Transitorios (PET) se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo de lavas y lahares, lo que contradice los propios criterios de seguridad definidos por los organismos técnicos. Además, se constató falta de señalización en al menos cinco puntos y la existencia de cercos y portones en otros cinco, obstaculizando eventuales evacuaciones masivas.
Más de 15 mil edificaciones en zonas de alto peligro volcánico
Otro antecedente alarmante es la existencia de más de 15 mil edificaciones emplazadas en zonas de alto riesgo volcánico en Villarrica y Pucón, muchas de ellas fuera de los instrumentos de planificación territorial, sin evaluación previa del riesgo geológico ni resguardos urbanísticos adecuados.
A esto se suma que 491 edificaciones rurales del sector Chaillupén no cuentan con cobertura del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), de las cuales 130 se encuentran en zonas de alto peligro, lo que deja a cientos de familias sin acceso oportuno a alertas en caso de emergencia.
Fallas administrativas y posibles responsabilidades
La Contraloría también detectó irregularidades en el contrato del servicio de monitoreo permanente del OVDAS, incluyendo falta de control de turnos, ausencia de validación de remuneraciones y pérdida de trazabilidad administrativa. Estas falencias obligaron a realizar contrataciones directas para asegurar la continuidad del monitoreo, evidenciando deficiencias graves de planificación.
Por estos hechos, la CGR anunció el inicio de un reparo por multas no cobradas y garantías no ejecutadas, además de instruir a Sernageomin la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Prevención postergada, riesgo latente
Finalmente, la Contraloría instó a SENAPRED, Sernageomin y los municipios de Villarrica y Pucón a actualizar los planes de emergencia, fiscalizar zonas rurales y garantizar la operatividad real de los sistemas de alerta.
El informe deja en evidencia una realidad preocupante: el Estado ha invertido en prevención, pero no ha sido capaz de implementarla de manera efectiva, manteniendo equipos críticos sin uso mientras miles de personas viven y transitan diariamente en zonas de alto riesgo volcánico. En un territorio marcado por la actividad del Villarrica, la falta de acción no es solo una omisión administrativa, sino un riesgo latente para la seguridad pública.