La Organización Internacional del Trabajo abrió un proceso de conciliación contra el Estado chileno tras acoger una reclamación de contratistas forestales, quienes denuncian incumplimientos en seguridad laboral frente a los ataques incendiarios en La Araucanía y el Biobío.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acogió una reclamación presentada por contratistas forestales contra el Estado de Chile, por presuntos incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral frente a los ataques incendiarios registrados en la Macrozona Sur.
La acción fue impulsada por la Asociación Gremial de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag), que acusa la falta de medidas efectivas para resguardar a los trabajadores del sector en zonas afectadas por hechos de violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía.
Reclamo fue presentado en 2022 y reiterado en 2025
Según antecedentes del gremio, la primera reclamación fue ingresada ante la OIT en octubre de 2022, en pleno aumento de ataques incendiarios contra faenas forestales. Posteriormente, la acción fue reiterada en 2025, siendo esta última la que finalmente fue acogida por el organismo internacional.
Desde Acoforag sostienen que el Estado no ha garantizado condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo del trabajo forestal, exponiendo a trabajadores y contratistas a riesgos permanentes para su integridad física y psicológica.
OIT abre proceso de conciliación por seis meses
El presidente de Acoforag, René Muñoz, confirmó que la OIT resolvió iniciar un proceso de conciliación con un plazo de seis meses, instancia en la que se buscará que el Estado adopte compromisos concretos en materia de seguridad laboral.
“El objetivo es que se garantice un ambiente de trabajo seguro para proteger la vida de los trabajadores forestales y el desarrollo normal de la actividad productiva”, señaló el dirigente.
Gobierno deberá responder ante la OIT
De acuerdo con el documento oficial del organismo internacional, la OIT ya notificó al Estado chileno para que entregue su posición frente a los hechos denunciados y participe del proceso de diálogo.
El caso vuelve a poner presión internacional sobre la situación de seguridad en la Macrozona Sur y abre un nuevo flanco para el Estado, esta vez en el ámbito del cumplimiento de estándares laborales y de protección a los trabajadores en contextos de violencia.