La Contraloría reveló que un condenado por abuso sexual trabaja en la educación pública de la región, y el SLEP Costa Araucanía admite no tener información sobre los funcionarios involucrados, generando preocupación por la seguridad de los estudiantes.
Contraloría alerta sobre presencia de condenado en establecimientos educativos
La Contraloría General de la República informó ayer que un funcionario condenado por abuso sexual se encuentra trabajando en la educación pública de la Región de La Araucanía, incluyendo la comuna de Lumaco. Este hallazgo generó alarma inmediata sobre la supervisión de los establecimientos educacionales y la seguridad de los estudiantes.
En respuesta, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Araucanía, con sede en Carahue y cobertura en todos los jardines infantiles y escuelas traspasadas desde los municipios de Teodoro Schmidt, Toltén, Saavedra, Carahue e Imperial, indicó que no poseía información sobre quiénes son los funcionarios condenados por abuso sexual que trabajan con menores.
Mediante un comunicado, el SLEP informó que, tras la emisión del Informe CIC Nº19, su equipo de Gestión de Personas realiza un exhaustivo análisis de los antecedentes, pero que al momento del comunicado aún no contaban con la información levantada por la Contraloría sobre las personas implicadas.
Compromiso de acción y preocupación por la seguridad
El servicio local aseguró que, de confirmarse la presencia de funcionarios condenados por delitos sexuales, se dará cumplimiento inmediato a la normativa vigente. Esto incluye solicitar el reintegro o destitución según lo establece el artículo 63 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y abrir los correspondientes procesos de sumario para determinar responsabilidades administrativas.
“En caso de existir situaciones como las descritas, nuestro Servicio actuará conforme a la ley, asegurando la protección de nuestros estudiantes y la transparencia en los procesos de contratación y supervisión”, indicó la autoridad del SLEP Costa Araucanía.
A pesar de estas medidas, el hecho de que hasta ahora no se conociera la identidad del funcionario o funcionarios condenados genera preocupación entre padres, apoderados y la comunidad educativa, ya que la misión principal del SLEP es garantizar espacios educativos seguros y el bienestar de los estudiantes.
El caso evidencia la importancia de sistemas más rigurosos de control y supervisión para prevenir que personas con antecedentes graves puedan acceder a establecimientos con menores, y deja en evidencia la necesidad de que el SLEP y otros servicios educativos implementen mecanismos de verificación más estrictos para proteger a sus comunidades escolares.