DECLARACIÓN PÚBLICA
El Partido Liberal de La Araucanía expresa su profunda preocupación por la forma en que el Gobierno de Chile gestionó comunicacionalmente el caso de los niños y niñas haitianos que ingresaron al país mediante mecanismos de reunificación familiar.
Lo que inicialmente fue presentado como una denuncia de extrema gravedad terminó derivando en una controversia pública que puso bajo sospecha a cientos de niños, niñas y familias migrantes antes de que existieran antecedentes concluyentes conocidos por la opinión pública. Esta situación generó alarma social y expuso innecesariamente a menores de edad pertenecientes a una comunidad históricamente vulnerable frente a la discriminación y la exclusión.
La infancia no puede transformarse en un instrumento de disputa política ni en un recurso para la construcción de agendas comunicacionales. Los niños merecen protección efectiva, respeto a su dignidad y pleno resguardo de sus derechos fundamentales. Cuando las autoridades se refieren a situaciones que involucran a menores de edad, especialmente a población migrante, deben actuar con el máximo rigor, prudencia y responsabilidad institucional.
Estimamos que la actuación del Gobierno y de sectores de la coalición oficialista refleja una imprudencia política incompatible con el principio del interés superior del niño consagrado en la Ley 21.430 y en los tratados internacionales ratificados por Chile. En materias que involucran a niños y niñas no existe espacio para la improvisación, la especulación ni la utilización política de hechos que pueden afectar directamente su bienestar y desarrollo.
Las consecuencias de este episodio trascienden la contingencia política. Se ha debilitado la confianza pública, se ha contribuido a la estigmatización de familias haitianas y se ha abierto un debate legítimo respecto de la forma en que el Estado resguarda los derechos de la infancia cuando comunica situaciones especialmente sensibles.
Por estas razones, el Partido Liberal de La Araucanía solicitará formalmente a UNICEF y a los organismos internacionales especializados en derechos de la niñez que observen los antecedentes de este caso y evalúen si la actuación de organismos del Estado chileno se ajustó plenamente a los estándares establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
En particular, estimamos necesario analizar la observancia de principios fundamentales contenidos en dicho instrumento internacional, tales como el principio de no discriminación establecido en el artículo 2; el interés superior del niño consagrado en el artículo 3; el deber de protección frente a toda forma de perjuicio, abuso o trato negligente contemplado en el artículo 19; y la protección especial que corresponde a los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados de acuerdo con el artículo 22.
Consideramos indispensable determinar si las actuaciones y declaraciones públicas emitidas por autoridades estatales resguardaron adecuadamente estos principios o si, eventualmente, pudieron contribuir a generar condiciones de exposición pública, estigmatización o vulnerabilidad respecto de menores de edad pertenecientes a una población especialmente protegida por el derecho internacional de los derechos humanos.
Asimismo, exigimos que se esclarezcan los hechos y que se determinen las responsabilidades políticas y administrativas que eventualmente correspondan respecto de las decisiones y actuaciones que dieron origen a esta situación.
La protección de la infancia constituye un deber ético y jurídico irrenunciable del Estado. Ninguna autoridad puede olvidar que su primera obligación es proteger a los niños y niñas, especialmente cuando pertenecen a grupos vulnerables que requieren una tutela reforzada por parte de las instituciones públicas.
Chile debe reafirmar su compromiso con una política migratoria basada en los derechos humanos, la no discriminación y la protección integral de la infancia. Los niños y niñas jamás pueden transformarse en instrumentos de disputa política ni en víctimas de errores institucionales o comunicacionales.
La historia juzga con severidad a los Estados que fallan en la protección de los más vulnerables. Esperamos que este caso sea esclarecido con transparencia y que sus lecciones permitan fortalecer las garantías de protección para todos los niños y niñas que viven en Chile, sin distinción de origen, nacionalidad o condición migratoria.
Cuando el Estado habla de niños, debe hacerlo para protegerlos. Cuando actúa respecto de ellos, debe hacerlo con responsabilidad, prudencia y humanidad. Todo lo demás constituye un fracaso institucional que una sociedad democrática no puede normalizar.
COMISIÓN POLÍTICAPARTIDO LIBERAL DE LA ARAUCANÍA
Temuco, junio de 2026.