Desde este 1 de julio comenzó a regir la Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. El Colegio de Profesoras y Profesores valoró la normativa, asegurando que fortalece la protección de las víctimas y obliga a los sostenedores a implementar medidas preventivas contra la violencia escolar.
Este 1 de julio de 2026 comenzó a regir la Ley N.º 21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, normativa que establece nuevas obligaciones para todos los establecimientos educacionales del país con el objetivo de prevenir el acoso, la discriminación y la violencia escolar.
La legislación se aplicará en establecimientos de educación parvularia, básica y media, incorporando reglas más claras para promover una convivencia respetuosa y fortalecer los mecanismos de apoyo para estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familias.
Colegio de Profesores valora la entrada en vigencia de la ley
El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar Arévalo, destacó que la normativa responde a una demanda histórica del gremio docente.
«Es algo que nosotros hemos solicitado, trabajamos, empujamos, presionamos y exigimos en su momento al Gobierno anterior una ley de ese tipo», afirmó.
Aguilar señaló que, si bien la ley no resolverá por sí sola los problemas de convivencia que afectan a las comunidades educativas, representa un avance importante al entregar herramientas que hasta ahora no existían.
Enfoque preventivo y protección de las víctimas
El dirigente explicó que uno de los principales aportes de la nueva legislación es su enfoque preventivo frente a la violencia escolar.
«Creemos que no va a ser una solución mágica, pero sí va a contribuir a entregar herramientas que hasta ahora no han tenido las comunidades escolares y también porque tiene un foco en lo preventivo, entendiendo que la violencia es un tema multifactorial», indicó.
Asimismo, sostuvo que la ley fortalece la protección de quienes son víctimas de situaciones de violencia y establece mayores responsabilidades para los sostenedores de establecimientos educacionales.
«No hará milagros, porque una ley no hace eso. El problema de fondo es bastante más estructural, pero sí va a entregar herramientas, en especial de protección a las víctimas y en la exigencia a los sostenedores de contar con medidas preventivas que esperamos puedan contribuir a controlar de mejor forma la violencia», concluyó.
Tramitación de la Ley de Convivencia Escolar
El proyecto fue ingresado al Congreso en junio de 2024, siendo aprobado por el Parlamento el 27 de enero de 2026. Posteriormente fue promulgado el 25 de marzo, publicado en el Diario Oficial el 1 de abril de 2026 y, finalmente, entró en vigencia este 1 de julio de 2026.
La nueva normativa busca fortalecer la convivencia en los establecimientos educacionales mediante estrategias preventivas, protocolos de actuación y mayores responsabilidades para los sostenedores en la promoción de ambientes escolares seguros.