La diputada Gloria Naveillán ofició a la Contraloría General de la República y a la Subdere para revisar el traspaso de $324 millones desde los Fondos de Equidad Territorial al área de educación municipal en Victoria. La acción surge tras los cuestionamientos del concejal Camilo Villablanca, quien advirtió que el Royalty Minero no debe utilizarse para cubrir déficits financieros.
La utilización de recursos provenientes del Royalty Minero en la comuna de Victoria continúa generando repercusiones políticas. Luego de la aprobación de una modificación presupuestaria que destinó 324 millones de pesos desde los Fondos de Equidad Territorial (FET) al área de educación municipal, la diputada Gloria Naveillán presentó oficios a la Contraloría General de la República y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para solicitar una revisión del procedimiento.
La medida se produce después de que el concejal Camilo Villablanca manifestara públicamente sus reparos a la decisión adoptada por el Concejo Municipal, advirtiendo que los recursos extraordinarios del Royalty no deberían utilizarse para cubrir problemas financieros permanentes.
Concejal cuestiona destino de los recursos
Según explicó Villablanca, la propuesta presentada inicialmente al Concejo buscaba enfrentar dificultades para pagar cotizaciones previsionales de funcionarios del Departamento de Educación, incluyendo docentes, asistentes y personal administrativo.
Sin embargo, durante la discusión se habría modificado la fundamentación de la iniciativa, indicando que los recursos serían destinados al pago de remuneraciones, situación que sí permite la normativa vigente.
Para el edil, este cambio generó dudas respecto del verdadero objetivo de la modificación presupuestaria.
«El Royalty, por esencia, está concebido para inversión en infraestructura y desarrollo local. Utilizarlo para gasto corriente abre la puerta a que, en futuras crisis financieras, se vuelva a recurrir a estos recursos para cubrir déficits en distintas áreas municipales», sostuvo Villablanca.
La modificación fue aprobada por mayoría, registrando dos votos en contra.
Más de la mitad del Royalty fue destinado a educación
La Municipalidad de Victoria recibe poco más de 600 millones de pesos anuales por concepto del Royalty Minero.
Con el traspaso aprobado, más del 50 % de esos recursos quedó comprometido para financiar necesidades del área de educación, reduciendo la disponibilidad para iniciativas como:
- Mejoramiento de calles y veredas.
- Instalación de cámaras de vigilancia y lomos de toro.
- Apoyo a sistemas de Agua Potable Rural (APR).
- Mejoramiento de caminos rurales y espacios públicos.
Según Villablanca, esta situación evidencia la necesidad de abordar estructuralmente el financiamiento de la educación municipal para evitar que déficits similares vuelvan a repetirse.
Naveillán solicita revisión de Contraloría y Subdere
Tras conocerse la modificación presupuestaria, la diputada Gloria Naveillán presentó un oficio a la Contraloría para solicitar antecedentes sobre la legalidad y el uso de los recursos del Royalty Minero en Victoria.
La parlamentaria señaló que, si bien la legislación establece que estos fondos son de libre disposición para los municipios, también contempla restricciones importantes.
Entre ellas, recordó que los recursos:
- No pueden destinarse al pago de deudas municipales.
- Deben administrarse en cuentas contables separadas.
- Están sujetos a obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, ofició a la Subdere para conocer los criterios administrativos que respaldaron el traspaso hacia educación municipal.
Debate sobre el destino del Royalty Minero
Para Gloria Naveillán, situaciones como la ocurrida en Victoria abren una discusión sobre la necesidad de establecer mayores resguardos respecto del uso de estos recursos.
La diputada sostuvo que el objetivo original del Royalty Minero apunta a fortalecer el desarrollo comunal mediante inversiones en infraestructura, fomento económico y proyectos de impacto local.
En esa línea, anunció que continuará fiscalizando el destino de estos fondos y espera que tanto la Contraloría como la Subdere emitan un pronunciamiento sobre el caso.
El debate instalado en Victoria trasciende la legalidad del traspaso y plantea interrogantes sobre el uso de recursos extraordinarios para financiar gastos operacionales, en un contexto donde las necesidades de inversión comunal siguen siendo una demanda permanente de la ciudadanía.