La acción judicial presentada por la administración del gobernador René Saffirio incorpora nuevos antecedentes y apunta a eventuales responsabilidades por el manejo del programa «Transferencia Fortalecimiento Productivo de La Araucanía 2021».
La investigación por la ejecución del programa «Transferencia Fortalecimiento Productivo de La Araucanía 2021» sumó un nuevo capítulo luego que el Gobierno Regional de La Araucanía ampliara la querella presentada por presuntas irregularidades en la administración de los recursos destinados a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas tras la pandemia.
La nueva acción judicial incorpora como querellados a exgerentes de la Corporación Agencia de Desarrollo Araucanía, además de exfuncionarios y asesores jurídicos que habrían participado en la ejecución del programa.
Según la actual administración regional, existen antecedentes que podrían configurar el delito de administración desleal en el manejo de recursos públicos, situación que deberá ser determinada por la investigación que desarrolla el Ministerio Público.
Programa contempló cerca de $9 mil millones
El programa contempló una inversión cercana a los $9.000 millones, destinados a fortalecer el desarrollo productivo de pequeñas y medianas empresas de la región.
Sin embargo, el Gobierno Regional cuestiona la ejecución de aproximadamente $5.900 millones, correspondientes a gastos rechazados o que, según sostiene, habrían sido ejecutados de manera irregular.
La querella busca establecer si existieron responsabilidades administrativas y penales en la administración de estos recursos públicos.
Exgerentes y asesores figuran entre los querellados
Entre las personas mencionadas en la acción judicial se encuentran los exgerentes Claudina Uribe, Sebastián Hunter y Carlos Rosas, además del exdirector de Administración y Finanzas, Marcelo Jano, y los abogados Stephanie Caminondo y Luis Herrera.
De acuerdo con el Gobierno Regional, la ampliación de la querella pretende que la investigación determine el grado de participación que cada uno habría tenido en las decisiones adoptadas durante la ejecución del programa.
Cuestionan modificaciones a las bases del concurso
Uno de los principales antecedentes contenidos en la querella dice relación con modificaciones efectuadas a las bases del concurso que permitió asignar recursos a las empresas beneficiarias.
Según el documento judicial, durante el proceso se habría eliminado el requisito de presentar la carpeta tributaria de los postulantes, condición que originalmente formaba parte de las exigencias para acceder al beneficio.
De acuerdo con la presentación del Gobierno Regional, este cambio habría permitido que 328 beneficiarios obtuvieran financiamiento pese a no cumplir inicialmente con los requisitos establecidos.
Denuncian ausencia de documentación clave
Otro de los cuestionamientos planteados por la administración encabezada por el gobernador René Saffirio apunta a la falta de antecedentes que permitan reconstruir el proceso de evaluación de los proyectos.
La querella sostiene que no existirían actas, registros de evaluación ni documentación que identifique a quienes integraron la comisión encargada de revisar y seleccionar las postulaciones.
A juicio del Gobierno Regional, la ausencia de estos documentos dificulta verificar la transparencia del procedimiento y establecer si existieron decisiones que favorecieron la aprobación de proyectos que no cumplían con las exigencias originalmente contempladas.
Investigación continúa en desarrollo
La causa permanece en etapa investigativa y será el Ministerio Público, junto con los tribunales de justicia, quien determine si los antecedentes recopilados permiten establecer responsabilidades administrativas o penales respecto de los hechos denunciados.
Hasta ahora, las personas mencionadas en la querella no han sido condenadas por estos hechos, por lo que la investigación continúa en desarrollo.