Paola Retamal aseguró que los recientes pronunciamientos de la Contraloría General de la República consolidan un nuevo estándar sobre probidad administrativa y el uso de redes sociales por parte de las autoridades comunales. La edil afirmó que estos criterios podrían modificar la forma en que la Municipalidad de Carahue comunica su gestión.
La concejala de Carahue, Paola Retamal Arévalo, afirmó que los recientes pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre el uso de redes sociales por parte de alcaldes podrían tener consecuencias directas para la Municipalidad de Carahue, al consolidar criterios que, según indicó, fortalecen los principios de probidad administrativa y delimitan la diferencia entre la comunicación institucional y la promoción personal de las autoridades.
La edil recordó que uno de los antecedentes que dio origen a esta línea interpretativa fue una denuncia presentada por ella durante 2025 ante la Contraloría Regional de La Araucanía, en la que cuestionó que información oficial del municipio fuera difundida inicialmente desde la cuenta personal del alcalde y que material elaborado por funcionarios municipales fuera utilizado en publicaciones de carácter personal.
Como resultado de esa presentación, la Contraloría Regional emitió el Oficio N.º OF52461/2026, instruyendo que dichas prácticas no debían repetirse y advirtiendo que el uso de recursos municipales para publicaciones personales podría constituir una eventual infracción al principio de probidad administrativa.
Nuevo dictamen fija un criterio para todas las municipalidades
A este pronunciamiento se sumó recientemente el Dictamen N.º OF128769N26, emitido por la Contraloría General de la República a raíz de una denuncia contra el alcalde de Huechuraba.
En ese documento, el organismo fiscalizador estableció que las autoridades comunales no deben atribuirse personalmente la ejecución de obras o servicios municipales ni vincular la gestión institucional con promesas realizadas durante campañas electorales, por considerar que dichas conductas podrían vulnerar el principio de probidad administrativa.
Para la concejala Retamal, ambos pronunciamientos consolidan una jurisprudencia administrativa que deberá ser observada por todas las municipalidades del país.
«Estos dictámenes dejan claro que la gestión municipal pertenece a la institución y no puede transformarse en una herramienta de promoción personal. Creo que este nuevo estándar fijado por la Contraloría tendrá efectos en la forma en que se comunican las acciones municipales y constituye una herramienta importante para el trabajo fiscalizador de los concejos municipales», señaló.
Concejala anuncia que continuará con su labor fiscalizadora
Retamal sostuvo que estos nuevos criterios entregan parámetros claros para supervisar que la información oficial sea difundida prioritariamente por los canales institucionales, que no se utilicen funcionarios ni recursos públicos para fortalecer redes sociales personales y que las obras municipales no sean presentadas como logros individuales de una autoridad.
La concejala agregó que continuará ejerciendo su función fiscalizadora en el Concejo Municipal de Carahue, velando por el cumplimiento de los principios de transparencia y probidad.
«La Contraloría ha entregado un mensaje claro: los recursos públicos, la información institucional y la gestión municipal pertenecen a la comunidad y no a una autoridad en particular. Seguiré ejerciendo mi labor con responsabilidad y estricto apego a la ley, porque la transparencia y la probidad son fundamentales para fortalecer la confianza de los vecinos en sus instituciones», concluyó.