Apoderados acusan vulneraciones a la participación de las familias, conflictos internos y eventuales represalias contra integrantes de la comunidad educativa. La organización solicitó fiscalización de la Superintendencia de Educación e intervención de autoridades para esclarecer los hechos.
Una denuncia que apunta a presuntas situaciones de persecución, discriminación y vulneración de derechos fue presentada por la directiva del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Rural Mollulco de Temuco.
La organización solicita la intervención de distintas autoridades frente a hechos que, según sostienen, estarían afectando la convivencia escolar, la participación de las familias y el normal desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Entre los principales antecedentes expuestos se encuentra la situación de la presidenta del Centro de Padres, quien, de acuerdo con la denuncia, habría sido removida de su función y posteriormente se le habría impedido ingresar al establecimiento.
Los apoderados sostienen que esta situación le impediría ejercer adecuadamente su rol de representación de las familias y podría afectar el derecho de participación de la organización.
Cuestionan procedimiento contra presidenta del Centro de Padres
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación entre los denunciantes corresponde a las circunstancias que habrían rodeado la salida de la presidenta del Centro de Padres.
Según la organización, durante el período en que la representante enfrentaba una situación familiar derivada de un accidente que afectó a su hijo, se habrían desarrollado acciones administrativas que terminaron afectando su permanencia y participación en la comunidad educativa.
Desde el Centro de Padres cuestionan la forma en que se habría desarrollado este proceso y califican algunos de los antecedentes utilizados en su contra como carentes de fundamento.
Los apoderados plantean que estos hechos deben ser revisados por los organismos competentes, con el objetivo de determinar si el procedimiento utilizado se ajustó a la normativa y si existieron acciones destinadas a apartar a la dirigente de sus funciones.
Denuncian situación de inspector que ejerció como director subrogante
La presentación también aborda la situación de un inspector del establecimiento que anteriormente habría ejercido como director subrogante.
Según los antecedentes entregados por los apoderados, el funcionario habría sido posteriormente removido de sus funciones y sometido a un sumario administrativo.
La organización vincula esta situación con la relación que el funcionario habría mantenido con el Centro de Padres y con determinadas decisiones adoptadas durante el período en que ejerció como director subrogante.
Los denunciantes señalan que el funcionario habría manifestado su oposición a una eventual destitución de la encargada de convivencia escolar, situación que posteriormente habría generado un conflicto al interior del establecimiento.
De acuerdo con el relato de los apoderados, posteriormente se habrían producido cuestionamientos hacia el entonces director subrogante y reuniones entre funcionarios y un grupo de apoderados.
La organización pide que se determine si existió alguna relación entre estos episodios y el posterior procedimiento administrativo iniciado contra el funcionario.
En particular, solicitan revisar si pudieron existir presiones, coordinaciones o eventuales represalias relacionadas con sus decisiones y con su disposición a escuchar los planteamientos del Centro de Padres.
Apoderados advierten deterioro de la convivencia escolar
La denuncia también expresa preocupación por el ambiente interno de la comunidad educativa.
Los representantes de las familias sostienen que los conflictos entre distintos integrantes del establecimiento estarían afectando la convivencia escolar y el bienestar de los estudiantes.
Asimismo, plantean que las decisiones adoptadas por la administración educacional no estarían considerando suficientemente las características y particularidades de una comunidad educativa rural.
En ese contexto, solicitan que las autoridades correspondientes puedan revisar los antecedentes y determinar eventuales responsabilidades, en caso de que se acrediten irregularidades.
La organización sostiene que su principal preocupación es evitar que el conflicto continúe profundizándose y garantizar un ambiente adecuado para los niños y niñas que forman parte del establecimiento.
Solicitan fiscalización a la Superintendencia de Educación
Ante los antecedentes expuestos, el Centro de Padres solicitó apoyo parlamentario para gestionar distintas acciones ante las autoridades competentes.
Entre ellas se encuentra un requerimiento dirigido al alcalde de Temuco para que informe sobre los fundamentos y la legalidad de la medida que habría impedido el ingreso de la presidenta del Centro de Padres al establecimiento.
También se solicita información respecto del procedimiento administrativo iniciado contra el inspector que ejerció como director subrogante.
Además, la organización pidió que la Superintendencia de Educación de La Araucanía realice una fiscalización en terreno para revisar eventuales vulneraciones a los derechos de participación de los apoderados y posibles irregularidades relacionadas con la convivencia escolar.
La directiva también solicitó una audiencia urgente en una oficina parlamentaria de Temuco, instancia en la que pretende entregar documentación y antecedentes que, según afirman, respaldarían los hechos expuestos en la denuncia.
Denuncia será entregada a parlamentarios de La Araucanía
El Centro de Padres informó que hará llegar formalmente los antecedentes a los parlamentarios de la Región de La Araucanía mediante una carta en la que expondrá las situaciones que, según sostiene, han afectado a la comunidad educativa de la Escuela Rural Mollulco.
La organización busca que los hechos sean conocidos por los representantes regionales y que, dentro de las atribuciones que correspondan, puedan contribuir a solicitar información y promover su esclarecimiento ante los organismos competentes.
Los apoderados recalcan que su objetivo es que se investiguen los antecedentes y se garantice el derecho de las familias a participar en la comunidad educativa.
Asimismo, esperan que se pueda recuperar un clima de respeto, diálogo y convivencia que permita concentrar los esfuerzos en el bienestar y desarrollo de los estudiantes.
Cabe señalar que las acusaciones contenidas en esta denuncia corresponden a los antecedentes y versión entregados por la directiva del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Rural Mollulco. Los hechos denunciados no constituyen, por sí mismos, conclusiones sobre eventuales responsabilidades y deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones y procedimientos que correspondan.