El informe identificó al menos 14 proveedores vinculados familiarmente con funcionarios municipales que recibieron órdenes de compra durante 2024 y 2025. El organismo calificó las contrataciones como “contrarias a derecho” y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
Una investigación de la Contraloría Regional de La Araucanía detectó una serie de irregularidades en la Municipalidad de Curacautín, entre ellas contrataciones con proveedores que mantenían vínculos familiares con funcionarios municipales, negocios realizados por un prestador a honorarios mediante una empresa de su propiedad y la participación de funcionarios en la tramitación de expedientes particulares ante la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Los antecedentes están contenidos en el Informe Final de Investigación Especial N° 201 de 2026, fechado el 10 de julio y difundido públicamente este jueves 3 de septiembre por la Contraloría General de la República.
Uno de los principales hallazgos corresponde a 78 órdenes de compra por un total de $758.742.525, emitidas durante 2024 y 2025 a favor de al menos 14 proveedores que mantenían vínculos de parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con funcionarios de la Municipalidad de Curacautín.
Contraloría cuestiona contratos por $758 millones
De acuerdo con el informe, las operaciones infringieron el artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, norma que establece restricciones para que organismos públicos contraten con sus propios funcionarios, personas contratadas a honorarios, sus cónyuges o convivientes civiles, determinados familiares y sociedades relacionadas.
La Contraloría calificó las operaciones observadas como “contrarias a derecho” y señaló que estas vulneraron disposiciones vinculadas con los principios de probidad y transparencia en las contrataciones públicas.
El organismo fiscalizador también advirtió que estas operaciones pudieron generar una eventual “situación de privilegio y/o beneficio” para los proveedores involucrados, debido a los vínculos familiares existentes con funcionarios municipales.
Las órdenes de compra observadas involucraron distintas áreas de la municipalidad, entre ellas Educación, Salud, Obras, Desarrollo Social, Turismo, Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla).
Entre las operaciones de mayor monto individualizadas en el informe aparecen órdenes por $197.619.790, $92.100.164, $87.537.108 y $59.726.271, todas asociadas a adquisiciones efectuadas desde la Secpla.
Debido a que la versión pública del informe mantiene información censurada, no es posible establecer responsablemente la identidad de los proveedores ni de los funcionarios relacionados con dichas operaciones.
Prestador a honorarios contrató al municipio mediante su empresa
La investigación detectó además un caso diferente relacionado con un prestador de servicios a honorarios.
Durante 2024, esta persona mantenía un contrato con la Municipalidad de Curacautín para realizar servicios de arbitraje y apoyo a un campeonato regional de fútbol. Paralelamente, contrató con el municipio mediante una empresa de su propiedad.
La operación correspondió a una orden de compra por $1.992.000, destinada a la adquisición de implementos para la escuela de fútbol municipal.
Según estableció Contraloría, esta operación también se encontraba alcanzada por una prohibición legal, debido a que un organismo estatal no puede contratar con una empresa perteneciente a una persona que, simultáneamente, presta servicios a honorarios para la misma institución.
Municipalidad inició investigación sumaria
Frente a los hallazgos, la Municipalidad de Curacautín informó que mediante el Decreto Exento N° 3.831, del 5 de junio de 2026, inició una investigación sumaria destinada a determinar eventuales responsabilidades administrativas.
La Contraloría mantuvo sus observaciones y ordenó agilizar el procedimiento disciplinario.
Además, instruyó al municipio implementar una base de datos y mecanismos de cruce de información que permitan detectar y evitar nuevas contrataciones con proveedores que se encuentren afectados por inhabilidades legales.
Según informó públicamente la propia Contraloría General de la República, los antecedentes relacionados con estas contrataciones fueron remitidos al Ministerio Público.
Honorarios ingresaron 53 expedientes particulares ante la DOM
Los hallazgos no se limitaron a las compras municipales.
La investigación también revisó la participación de profesionales contratados a honorarios en expedientes particulares que posteriormente debían ser revisados por la propia Dirección de Obras Municipales de Curacautín.
Contraloría estableció que durante 2024 y 2025 tres servidores a honorarios ingresaron expedientes como arquitectos patrocinantes mientras mantenían un vínculo contractual vigente con la municipalidad.
En total, se identificaron 53 expedientes relacionados con permisos de edificación, ampliaciones, demoliciones y otras solicitudes.
Uno de los profesionales presentó 26 expedientes, otro ingresó 24 y un tercero tramitó tres.
A esto se sumaron siete proyectos de especialidad vinculados con permisos de edificación durante 2025. De ellos, uno correspondía a un proyecto estructural y seis a proyectos sanitarios.
La Contraloría explicó que la incompatibilidad se mantiene incluso cuando estas actividades se realizan fuera de la jornada laboral, debido a que los funcionarios no pueden ejercer privadamente en asuntos que deben ser analizados, informados o resueltos por el mismo organismo público en el que prestan servicios.
Detectan gestiones privadas durante horario laboral
El informe también consignó que dos profesionales a honorarios de la Secpla realizaron consultas y gestiones ante la DOM relacionadas con expedientes particulares durante su jornada laboral.
Según los antecedentes recopilados, estas actuaciones se habrían realizado pese a advertencias verbales efectuadas anteriormente por arquitectas revisoras.
Contraloría constató, además, que una de las profesionales realizó presencialmente el pago de derechos asociados a una demolición el 9 de marzo de 2026.
La arquitecta patrocinante del expediente mantenía, además, una sociedad compartida con la servidora municipal.
En otro caso, un profesional reconoció haber realizado consultas sobre el estado de determinadas carpetas y señaló que posteriormente traspasó los expedientes a otro arquitecto, debido a que su firma se encontraba bloqueada por la DOM de Curacautín para continuar con las tramitaciones.
El organismo fiscalizador mantuvo esta observación y ordenó a la municipalidad capacitar a sus funcionarios en materia de probidad administrativa y cumplimiento de la jornada laboral.
Arquitecto de Lautaro realizó gestiones durante su jornada
El cruce de información realizado durante la auditoría también permitió detectar la participación de un arquitecto de planta de la Municipalidad de Lautaro, quien realizó gestiones ante la DOM de Curacautín relacionadas con expedientes particulares que estaban bajo su patrocinio.
Contraloría identificó siete correos electrónicos enviados durante su jornada laboral, entre junio y septiembre de 2025.
En los mensajes, el funcionario realizó consultas sobre observaciones, solicitó la tramitación de expedientes y remitió documentación pendiente.
La Municipalidad de Lautaro no entregó una respuesta dentro del plazo establecido durante la auditoría, por lo que la observación fue mantenida por el organismo fiscalizador.
Contraloría ordenó a ese municipio instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
El acto que disponga la investigación deberá ser remitido a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría dentro de un plazo de 15 días hábiles.
Contraloría exige nuevas medidas a Municipalidad de Curacautín
Como parte de las medidas derivadas de la investigación, la Municipalidad de Curacautín deberá implementar manuales y procedimientos destinados a prevenir que funcionarios o prestadores a honorarios intervengan en contrataciones y expedientes particulares cuando existan inhabilidades o incompatibilidades.
Estas medidas deberán ser formalizadas y difundidas entre el personal municipal.
Además, el municipio tendrá que acreditar su implementación ante la Contraloría dentro de un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe.
El documento también deberá ser presentado al Concejo Municipal de Curacautín durante la primera sesión que se realice después de su recepción.
Posteriormente, la Secretaría Municipal tendrá un plazo de 10 días desde esa sesión para acreditar ante el organismo fiscalizador que los concejales fueron informados del contenido de la investigación.
La investigación deja así una serie de medidas pendientes para la Municipalidad de Curacautín, mientras los antecedentes derivados al Ministerio Público deberán seguir su propio curso conforme a las competencias de dicho organismo.