El senador afirma que el Ministerio Público manejaba información sobre eventuales delitos sexuales contra menores antes de que él hiciera pública la denuncia en septiembre. Fiscalía confirmó una investigación de oficio y la PDI quedó a cargo de las diligencias.
El senador republicano por La Araucanía, Rodolfo Carter, volvió a referirse a la denuncia que realizó en septiembre sobre una presunta situación de explotación sexual de menores en Villarrica y aseguró que la Fiscalía ya contaba con antecedentes relacionados con el caso desde antes de que él hiciera pública la acusación.
La afirmación del parlamentario constituye, por ahora, una versión atribuida a Carter. El Ministerio Público sí confirmó que abrió una investigación penal de oficio luego de conocer sus declaraciones públicas, pero no ha informado públicamente que los hechos denunciados hayan sido acreditados ni ha identificado a eventuales responsables.
La indagatoria quedó radicada en la Fiscalía Local de Villarrica y se instruyeron diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).
Carter afirma que Fiscalía manejaba los antecedentes
Los dichos originales del senador se remontan al 2 de septiembre, cuando, durante el lanzamiento de la agenda “Chile cuida a sus niños”, afirmó que en Villarrica existirían niñas víctimas de explotación sexual por parte de personas de la región con alto poder adquisitivo.
Tras esas declaraciones, la Fiscalía Regional de La Araucanía informó que inició una investigación de oficio, debido a que no había recibido una denuncia formal sobre los hechos descritos por el parlamentario.
Ahora, consultado nuevamente por los antecedentes que sustentan su acusación y por la eventual identidad de los involucrados, Carter sostuvo que se trata de información que el Ministerio Público ya conocería.
“Es un antecedente que la Fiscalía maneja hace harto tiempo”, afirmó el senador, quien agregó que, debido al carácter reservado de la investigación, no entregaría mayores antecedentes públicamente.
Carter también señaló que los eventuales involucrados tendrían, según su versión, un alto nivel de ingresos y anunció que conversaría directamente con la Fiscalía para entregar antecedentes.
Fiscalía abrió investigación de oficio
El Ministerio Público confirmó en septiembre que tomó conocimiento de las declaraciones del parlamentario y decidió iniciar una investigación penal.
El fiscal regional (s) César Schibart informó entonces que la causa quedó radicada en la Fiscalía Local de Villarrica. Posteriormente, la Fiscalía Regional señaló que se había ordenado investigar a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
La Fiscalía también hizo un llamado a quienes contaran con antecedentes relevantes a aportarlos a la investigación.
Hasta ahora, la existencia de una investigación no significa que las acusaciones realizadas públicamente hayan sido acreditadas judicialmente. La indagatoria debe establecer si los hechos denunciados ocurrieron y, eventualmente, si existen responsabilidades penales.
Cámara ofició por posibles antecedentes previos
El caso también generó acciones en el Congreso. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó oficiar al Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia para conocer si la institución había recibido antecedentes o denuncias sobre la eventual explotación sexual de niñas de una residencia de protección de Villarrica.
Otro oficio solicitó información sobre si el servicio regional había tomado conocimiento de los hechos antes de la denuncia pública, las fiscalizaciones realizadas en el recinto y las medidas de protección adoptadas. También se pidió evaluar una revisión extraordinaria de las residencias de protección de niños, niñas y adolescentes de La Araucanía.
La comisión además requirió antecedentes sobre los protocolos de protección frente a amenazas, intentos de captación o reclutamiento de menores y eventuales situaciones relacionadas con narcotráfico, explotación sexual o crimen organizado.
En las respuestas disponibles en el sitio de la Cámara, algunos de estos requerimientos figuraban aún sin respuesta.
Una investigación que permanece bajo reserva
La causa continúa en etapa investigativa y, por tratarse de una indagatoria sobre eventuales delitos sexuales contra menores, existen restricciones para divulgar antecedentes que puedan afectar a las posibles víctimas o el desarrollo de las diligencias.
Por ahora, los antecedentes públicos permiten establecer que Fiscalía abrió una investigación de oficio tras las declaraciones de Carter y que la PDI recibió instrucciones para realizar diligencias. Lo que aún debe determinarse es si los hechos denunciados públicamente ocurrieron, quiénes estarían eventualmente involucrados y si existen antecedentes suficientes para establecer responsabilidades penales.
La afirmación de Carter respecto de que la Fiscalía ya conocía los antecedentes “hace harto tiempo” deberá ser contrastada con los antecedentes oficiales de la investigación y con las respuestas de los organismos que fueron requeridos por el Congreso.