La ex ministra de Desarrollo Social y Familia emplazó al Gobierno a transparentar la evaluación técnica que sustenta el término del programa y advirtió que eliminarlo sin una alternativa para los estudiantes más vulnerables puede profundizar una brecha que ya no es solamente tecnológica, sino también educativa y social.
La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de retirar el financiamiento de “Yo Elijo Mi PC” para 2027 abrió una discusión que va mucho más allá de una partida presupuestaria. Lo que está en juego es el acceso de miles de estudiantes a una herramienta que, en la educación actual, dejó hace tiempo de ser un elemento complementario para transformarse en parte de las condiciones necesarias para estudiar.
En ese escenario, la ex ministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar cuestionó públicamente la decisión y emplazó al Ejecutivo a transparentar cuáles son los antecedentes técnicos que justifican poner término al programa.
A través de su cuenta en X, Rubilar vinculó la medida con los compromisos asumidos durante la campaña presidencial y sostuvo que la protección social adquiere mayor relevancia precisamente en períodos de dificultades económicas.
“La promesa de campaña fue clara: NO se recortarían beneficios sociales. Por eso, no puede incomodar que le pidamos al Presidente @joseantoniokast que cumpla su palabra. La única lealtad posible frente a esto es con Chile. En tiempos difíciles, la protección social importa más que nunca. Espero que el Congreso revierta estos retrocesos”, escribió.
Cuando la brecha digital también se convierte en brecha educativa
El debate sobre “Yo Elijo Mi PC” tiene una dimensión que excede el valor del computador entregado. Para un estudiante que cuenta con conexión, dispositivos y un entorno familiar con capacidad para financiar tecnología, la ausencia de este beneficio puede representar un ajuste presupuestario.
Para una familia que no tiene esas condiciones, en cambio, puede significar algo muy distinto: depender del teléfono celular para realizar tareas, compartir un equipo entre varios integrantes del hogar o directamente enfrentar dificultades para acceder a plataformas educativas, investigaciones, material académico y trámites que cada vez se realizan con mayor frecuencia en línea.
La brecha digital, por tanto, ya no puede entenderse solamente como la diferencia entre quienes tienen o no tienen internet. También involucra la posibilidad real de utilizar herramientas tecnológicas para aprender, informarse y desarrollar capacidades.
En ese contexto, la entrega de un computador a estudiantes de sectores vulnerables adquiere una dimensión social que difícilmente puede reducirse únicamente a una discusión de eficiencia presupuestaria.
Porque mientras la educación avanza hacia aulas híbridas, plataformas digitales, contenidos en línea, inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas, retirar una política destinada precisamente a facilitar el acceso a esos recursos obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con los estudiantes que quedan al otro lado de esa transformación?
La pregunta que el Gobierno debe responder
Rubilar ha puesto el foco precisamente ahí. Su cuestionamiento no apunta necesariamente a sostener que el programa no pueda ser modificado. Su crítica se dirige a la decisión de eliminarlo sin que, a su juicio, se conozca públicamente una evaluación técnica reciente que justifique pasar desde la corrección de sus problemas a su término.
“Si existe una evaluación técnica reciente que se transparente y justifique. Corregir un programa es GESTIÓN. ELIMINARLO sin una alternativa que cierre la brecha digital es RETROCEDER”, señaló.
La diferencia no es menor.
Una política pública puede tener problemas de focalización, diseño, implementación o impacto. En esos casos, el Estado puede corregirla, rediseñarla o reemplazar aquellos componentes que no estén funcionando.
Pero cuando el resultado es simplemente eliminar el beneficio, la discusión cambia: ¿cuál es la alternativa para los estudiantes que lo recibían?
Esa es una de las principales interrogantes que queda instalada tras la decisión presupuestaria.
El Gobierno cuestiona sus resultados
El Ejecutivo, por su parte, ha defendido el término del programa argumentando que existen problemas en su evaluación, efectividad e implementación. Desde el Gobierno se ha señalado que la iniciativa no mostraría un efecto relevante en determinados resultados educativos y que presenta deficiencias que justifican revisar su continuidad.
Esos antecedentes forman parte legítima de la discusión y deben ser considerados al evaluar cualquier política pública.
Pero también resulta relevante distinguir entre demostrar que un programa puede mejorar y demostrar que debe desaparecer.
Los antecedentes disponibles sobre su desempeño durante 2025 muestran indicadores de focalización, ejecución presupuestaria y gasto por beneficiario que deben ser contrastados con las evaluaciones de impacto utilizadas por el Ejecutivo para fundamentar su decisión.
Por eso, la pregunta planteada por Rubilar permanece abierta: ¿qué evaluación técnica reciente establece que la mejor alternativa es terminar el programa y no corregirlo o reemplazarlo por otra política que garantice el acceso tecnológico de los estudiantes más vulnerables?
La respuesta resulta especialmente relevante porque no se trata solamente de computadores. Se trata de las condiciones materiales con las que un estudiante enfrenta una educación cada vez más digitalizada.
El costo invisible de cerrar una puerta
El debate presupuestario suele expresarse en millones de pesos, porcentajes de ejecución y cantidad de programas. Sin embargo, detrás de cada política social existe una pregunta mucho más concreta: qué pierde una persona cuando ese beneficio deja de existir.
En el caso de “Yo Elijo Mi PC”, la respuesta puede estar en algo tan cotidiano como la posibilidad de conectarse a una clase, preparar una presentación, buscar información para una tarea, aprender a programar, acceder a herramientas de inteligencia artificial o simplemente disponer de un equipo propio para estudiar.
Por eso, la discusión sobre el programa también obliga a mirar el tipo de sociedad que se está construyendo.
Si la digitalización atraviesa la educación, el trabajo, los servicios públicos y el acceso al conocimiento, reducir las desigualdades tecnológicas no es solamente entregar dispositivos: es evitar que el origen socioeconómico determine quién puede aprovechar plenamente esas oportunidades.
Eliminar un programa puede ser una decisión presupuestaria. Eliminarlo sin explicar qué política ocupará su lugar puede convertirse, para miles de estudiantes, en una puerta que se cierra justo cuando la educación abre cada vez más caminos en el mundo digital.
Rubilar también trasladó la discusión al Congreso y llamó a los parlamentarios a intervenir durante la tramitación del Presupuesto 2027.
“En tiempos difíciles, la protección social importa más que nunca. Espero que el Congreso revierta estos retrocesos”, declaró.
Y frente a las críticas por cuestionar al Gobierno de Kast, endureció nuevamente su posición:
“Y aunque nos critiquen, no nos vamos a quedar callados. Lealtades malentendidas tienen a este gobierno perdiendo la confianza ciudadana”, concluyó la ex secretaria de Estado.