Contratos por más de $142 millones con Rebaño Consultores y Ananda Comunicaciones quedaron bajo cuestionamiento de Contraloría, que detectó el uso de recursos públicos para analizar la imagen personal y las expectativas electorales del entonces gobernador regional. Un reparo por $49,9 millones y un sumario administrativo forman parte de los antecedentes de una investigación que también llegó al Ministerio Público.
El uso de recursos públicos del Gobierno Regional de La Araucanía para financiar asesorías de comunicación estratégica durante la administración del exgobernador Luciano Rivas quedó bajo cuestionamiento luego de que la Contraloría General de la República detectara que parte de esos servicios fueron utilizados para analizar su imagen personal, posicionamiento político y expectativas electorales.
Los antecedentes, revelados por una investigación de CIPER Chile, dan cuenta de contratos suscritos entre 2022 y 2024 con las empresas Rebaño Consultores SpA y Ananda Comunicaciones SpA, por un monto acumulado de aproximadamente $142,7 millones.
La controversia no se limita al monto desembolsado. Los informes que respaldaron las asesorías contienen análisis sobre la valoración positiva y negativa de Rivas, su presencia en redes sociales personales, sus posibilidades electorales e incluso las expectativas de una eventual proyección hacia cargos políticos de mayor alcance.
El caso plantea interrogantes sobre los límites entre la comunicación institucional de un Gobierno Regional y la promoción de la imagen política de quien encabeza el organismo, especialmente cuando los servicios son financiados con fondos públicos.
Informes abordaban imagen personal y expectativas electorales
La primera contratación se concretó el 23 de marzo de 2022, cuando el Gobierno Regional suscribió un acuerdo con Rebaño Consultores por $24 millones.
Entre los objetivos establecidos figuraba posicionar públicamente al gobernador Luciano Rivas mediante una estrategia de comunicación digital orientada a dar a conocer las nuevas competencias del Gobierno Regional.
Sin embargo, los informes mensuales entregados por la consultora incorporaron mediciones de percepción ciudadana sobre la figura del entonces gobernador, análisis de interacciones en Facebook y herramientas de inteligencia artificial para identificar emociones positivas y negativas asociadas a su imagen.
En mayo de 2023, Rebaño comunicó que dejaría de prestar los servicios y que estos serían asumidos por Ananda Comunicaciones, sociedad constituida en abril de ese año.
Ambas empresas mantenían vínculos empresariales. Rubén Díaz, quien participaba en Rebaño Consultores, asumió como gerente general de Ananda, cuya única socia era Constanza Díaz, su hermana.
Un mes después de su constitución, Ananda fue contratada mediante trato directo por el Gobierno Regional. Durante 2023 recibió pagos por aproximadamente $40,16 millones.
En 2024 se suscribió un nuevo contrato por $78,54 millones, con mensualidades de aproximadamente $7,14 millones. Los informes de ese período incorporaron el seguimiento de las redes sociales personales de Luciano Rivas y mediciones relacionadas con sus perspectivas electorales.
Uno de los documentos correspondientes a marzo de 2024 señalaba que las expectativas electorales del gobernador debían analizarse considerando su posicionamiento político. En octubre de ese año, cuando Rivas enfrentaba su campaña a la reelección, otro informe recogió comentarios de seguidores que manifestaban su intención de votar nuevamente por él.
Contraloría cuestionó el uso de recursos públicos
Las observaciones quedaron plasmadas en el Informe Final N.º 927/2024 de la Contraloría Regional de La Araucanía, emitido en junio de 2025.
El organismo fiscalizador concluyó que parte de los servicios contratados se utilizaron para entregar información al entonces gobernador sobre su posicionamiento electoral, estrategia política y expectativas de futuras candidaturas.
A juicio de Contraloría, estas actividades no respondían a una finalidad institucional y contravenían el principio de probidad administrativa, establecido en la Ley N.º 18.575.
El informe también cuestionó que los servicios efectivamente prestados no se ajustaran al objetivo de la contratación, además de formular observaciones respecto del mecanismo de trato directo utilizado para contratar a Ananda.
Entre los antecedentes más relevantes figura un reparo por $49.980.000, correspondiente a pagos efectuados por servicios que fueron objeto de cuestionamientos del organismo fiscalizador.
Asimismo, Contraloría dispuso la instrucción de un procedimiento disciplinario para establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
La existencia de este reparo no equivale por sí sola a una condena ni acredita que los recursos hayan sido restituidos. Su estado y las medidas adoptadas para recuperar eventuales fondos públicos deben ser esclarecidos por los organismos competentes.
Declaración de Leonelli y querella del Gobierno Regional
La investigación también adquirió una nueva dimensión a partir de la declaración prestada ante el Ministerio Público por Juan Pablo Leonelli, exjefe de gabinete de Luciano Rivas, quien se encuentra formalizado por fraude al fisco en una arista del caso Fundaciones.
Según los antecedentes publicados por CIPER, Leonelli sostuvo que Rebaño Consultores había apoyado a Rivas durante su campaña electoral y que posteriormente recibió contratos del Gobierno Regional.
En su declaración afirmó que las empresas, pese a mantener contratos con el organismo público, en realidad trabajaban para el gobernador.
Estas afirmaciones deben ser contrastadas con los antecedentes de contratación y las declaraciones de los demás involucrados.
Por su parte, Rubén Díaz rechazó las acusaciones y aseguró que conoció a Luciano Rivas cuando este ya ejercía como gobernador regional. También sostuvo que la metodología de las consultoras contemplaba analizar el posicionamiento público de la autoridad y que el acceso a sus redes personales tenía fines de recopilación de datos.
El actual gobernador René Saffirio informó que su administración inició un sumario administrativo el 22 de enero de 2025 por las contrataciones de Ananda y que posteriormente los antecedentes fueron remitidos a Contraloría.
Además, el Gobierno Regional presentó en junio de 2025 una querella contra Luciano Rivas por presuntos hechos constitutivos de fraude al fisco, relacionada con estas contrataciones.
La existencia de esta acción judicial abre una vía de investigación penal distinta de las responsabilidades administrativas que debe esclarecer Contraloría.
Una pregunta pendiente: quién autorizó y supervisó los contratos
Más allá de las explicaciones entregadas por las empresas y el exgobernador, los antecedentes dejan planteada una serie de interrogantes sobre el funcionamiento administrativo del Gobierno Regional durante ese período.
Entre ellas, quién solicitó las asesorías, quién justificó las contrataciones mediante trato directo, qué funcionarios revisaron los informes mensuales y quiénes autorizaron la recepción conforme de los servicios y sus respectivos pagos.
También resulta necesario esclarecer qué ocurrió con los recursos cuestionados por Contraloría, si existieron procedimientos de restitución y cuál es el estado actual del sumario y de la investigación penal.
La controversia adquiere especial relevancia porque los informes no solamente abordaban la imagen personal de Luciano Rivas. También incorporaban comparaciones del posicionamiento digital de parlamentarios, alcaldes y otras autoridades de La Araucanía, lo que plantea nuevas preguntas sobre la finalidad institucional de esos análisis.
Por ahora, los antecedentes conocidos permiten establecer que Contraloría cuestionó el uso de recursos públicos para actividades que consideró ajenas a los fines institucionales del Gobierno Regional. Sin embargo, las eventuales responsabilidades individuales y penales deberán ser determinadas por las instancias correspondientes.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿se utilizaron recursos de todos los habitantes de La Araucanía para financiar una estrategia de posicionamiento político y electoral del entonces gobernador?
Una respuesta que no depende solamente de las explicaciones de los involucrados, sino también de la transparencia de los contratos, la revisión de los pagos y el resultado de las investigaciones administrativas y judiciales.