Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Victoria lograron la detención de dos personas mayores de edad que mantenían una deuda total de 35 millones de pesos por concepto de pensiones alimenticias, correspondientes a sus obligaciones familiares.
Deudores buscados por tribunales
Las personas detenidas, conscientes de los requerimientos judiciales en su contra, adoptaron diversas estrategias para evadir la justicia, incluyendo el cambio constante de domicilio y apariencia física. Esta conducta dificultó inicialmente la acción de las autoridades, lo que obligó a la unidad policial a intensificar las labores de investigación y seguimiento.
Trabajo policial y coordinación con la comunidad
Tras recibir las denuncias de los afectados, la BICRIM Victoria inició un trabajo exhaustivo de recopilación de información. Esto incluyó entrevistas a familiares y personas cercanas a los deudores, así como un seguimiento de sus movimientos para establecer sus paraderos actuales. Gracias a estas diligencias, los detectives lograron localizar a ambos individuos y procedieron a su detención en sus respectivos domicilios.
Deuda de pensiones alimenticias
La suma adeudada, que alcanza los 35 millones de pesos, corresponde a obligaciones legales de manutención de hijos e integrantes del núcleo familiar, conforme a lo estipulado por los tribunales de familia. Este tipo de deudas representa un grave incumplimiento de la responsabilidad parental y tiene consecuencias legales que pueden incluir detención y sanciones adicionales.
Detención y control judicial
Tras su arresto, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Familia de Victoria, donde se realizará la audiencia de control de la detención correspondiente. Esta diligencia judicial permitirá definir las medidas cautelares y responsabilidades legales respecto a la deuda acumulada y la obligación de pago pendiente.
Llamado a la responsabilidad parental
La PDI hace un llamado a todas las personas a cumplir con sus obligaciones alimenticias, recordando que el incumplimiento reiterado puede derivar en procesos penales y detenciones. La institución policial reafirma su compromiso de proteger los derechos de menores y familias, y asegura que continuará trabajando para garantizar que se cumplan las responsabilidades legales en materia de manutención.