El organismo fiscalizador instruyó al Ministerio de Vivienda cesar la contratación de una asesora ligada al ministro Montes y devolver el bono de retiro voluntario recibido en 2018. La parlamentaria acusó un grave engaño al Parlamento y a la ciudadanía.

Contraloría confirma denuncia de Naveillan

La diputada Gloria Naveillan valoró la resolución de la Contraloría General de la República, que confirmó una grave irregularidad en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) tras la denuncia presentada por la parlamentaria. El caso involucra a Jeanette Tapia Fuentes, asesora cercana al ministro Carlos Montes, quien fue contratada pese a estar inhabilitada por ley para ejercer cargos en la administración pública.

En 2018, Tapia recibió un bono millonario de retiro voluntario, beneficio que establece una prohibición de reingreso al sector público durante cinco años, salvo devolución de los recursos, lo que no ocurrió.

Participación indebida en comisiones parlamentarias

Lo más grave, según Naveillan, es que la asesora llegó a representar al ministerio en sesiones de comisiones parlamentarias, entregando opiniones como funcionaria del MINVU, cuando en realidad prestaba servicios bajo un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para la parlamentaria, este mecanismo constituyó un resquicio administrativo que permitió burlar la normativa y engañar tanto al Congreso como a la ciudadanía. “Aquí hubo una vulneración directa de la probidad y de la confianza en nuestras instituciones”, advirtió.

Orden de devolver recursos y revisar más contratos

La resolución de Contraloría ordenó al MINVU cesar de inmediato las funciones de Tapia y recuperar el bono de retiro voluntario. Asimismo, instruyó revisar la situación de otros asesores contratados entre 2016 y 2024 a través de convenios con el PNUD.

De una lista de 59 personas, el organismo detectó al menos ocho casos donde las tareas realizadas eran equivalentes a funciones públicas u honorarios, abriendo la posibilidad de nuevas responsabilidades administrativas.

Naveillan exige transparencia y cambios en los convenios

La diputada enfatizó que este episodio debe ser un llamado a revisar el uso de convenios internacionales, que en la práctica funcionan como una “puerta trasera” para evadir la ley. “No podemos permitir que se utilicen resquicios para saltarse la normativa y engañar a la gente. La Contraloría nos dio la razón y ahora corresponde recuperar hasta el último peso”, subrayó.

Finalmente, Naveillan aseguró que seguirá impulsando su rol fiscalizador: “Este caso demuestra que cuando se actúa con firmeza y valentía, la verdad siempre sale a la luz. Voy a continuar defendiendo que los recursos de todos los chilenos se manejen con probidad y transparencia”.

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