Mientras el Gobierno Regional asegura una reestructuración orientada al “ordenamiento institucional”, funcionarios denuncian despidos sin criterios claros, un clima laboral deteriorado y decisiones que, según acusan, responden más a arbitrariedades políticas que a criterios técnicos.
Un proceso de desvinculaciones que crece sin explicaciones claras
A días del inicio del proceso de notificación de vencimiento de contratos en el Gobierno Regional de La Araucanía, la tensión interna escaló a niveles inéditos. Mario Fuentes Estay —profesional de la División de Planificación y dirigente de la Asociación de Funcionarios del GORE— denunció que el proceso estaría marcado por criterios no transparentes, fundamentos insuficientes y un profundo deterioro del clima laboral.
Según detalla, al menos diez funcionarios fueron notificados durante la última jornada. La causal entregada: falta de “confianza legítima” y presunto incumplimiento del “perfil de cargo”. Sin embargo, según el dirigente, esta explicación carece de sustento técnico. “El Gobierno Regional no tiene perfiles de cargo declarados, entonces no sabemos cómo llegaron a esa conclusión”, afirmó.
Fuentes agrega que se trata de trabajadores con más de una década de experiencia, evaluaciones sobresalientes y funciones críticas para el funcionamiento institucional.
Acusaciones de persecución y una crisis que podría afectar a la ciudadanía
El dirigente gremial sostiene que las desvinculaciones —que podrían llegar a entre 30 y 50 trabajadores— exceden cualquier lógica administrativa. “Aquí ha habido una persecución hacia la gestión anterior. No he visto algo así en quince años en el Gobierno Regional”, sentenció.
Además, afirma que muchas funciones institucionales se han paralizado no por falta de capacidad técnica, sino por decisiones políticas y falta de conducción interna. “Hay cosas que el Gobierno Regional hacía y que este año no se están haciendo, no porque los funcionarios no quieran, sino porque la autoridad no toma decisiones”.
También advierte sobre el impacto directo que esto tendría en la ciudadanía: programas productivos, iniciativas sociales, proyectos regionales y atención a comunidades quedarían debilitados. “Están sacando gente que cumple funciones esenciales, que tiene experiencia, que atiende a instituciones y organizaciones. Eso lo vemos con mucha preocupación”.
El discurso oficial: reestructuración, normalización y “ajuste de competencias”
Ante el creciente malestar, el Gobierno Regional entregó su versión. En un comunicado, la administración del gobernador René Saffirio afirmó que el proceso corresponde a la implementación de una “nueva estructura organizacional”, destinada a mejorar la gestión, asegurar legalidad administrativa, fortalecer el control de recursos y avanzar en modernización.
Sin embargo, el documento no esclarece los criterios utilizados, ni detalla los supuestos perfiles de cargo que justificarían los despidos. Tampoco aborda las denuncias de maltrato, clima laboral o las causas actualmente judicializadas.
Con funcionarios iniciando acciones legales, desvinculaciones en curso y acusaciones de arbitrariedad, la tensión entre el discurso oficial y los testimonios de los trabajadores deja un escenario de incertidumbre en el principal órgano público de La Araucanía.