El Tribunal Constitucional detuvo el inicio del juicio oral contra Daniel Valencia, exjefe de gabinete de Collipulli, acusado de violación, tras acoger un recurso de la defensa que cuestiona la exclusión de pruebas relevantes.
Suspensión del juicio por recurso de inaplicabilidad
El Tribunal Constitucional decidió suspender el inicio del juicio oral en contra de Daniel Valencia Cifuentes, exjefe de gabinete de la Municipalidad de Collipulli, acusado por el delito de violación en perjuicio de una guardia de seguridad del edificio consistorial. La medida fue adoptada luego de que la defensa presentara un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, argumentando que en la audiencia de preparación del juicio oral se excluyeron pruebas que consideraban relevantes para el proceso.
El juicio estaba programado para comenzar el 9 de diciembre en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, y se esperaba que se extendiera hasta el 16 de diciembre, dependiendo de la cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público, los querellantes y la defensa. Sin embargo, la tramitación quedará en pausa hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso presentado.
Acusación y contexto del caso
El Ministerio Público acusa a Valencia de cometer el delito de violación el 12 de abril de 2023, en contra de una guardia de seguridad que prestaba funciones en la municipalidad. Según el fiscal a cargo, el hecho ocurrió en dependencias del edificio consistorial de Collipulli, generando una investigación que derivó en la formalización del imputado y en la programación de un juicio oral para determinar responsabilidades.
Por su parte, la defensa ha insistido en que la exclusión de ciertas pruebas podría afectar el derecho a un juicio justo, lo que motivó la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional.
Defensa y pronunciamiento pendiente
El abogado defensor, Dionisio Ulloa Berrocal, confirmó que el juicio continuará suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la inaplicabilidad. «Se ha solicitado que se evalúe la pertinencia de las pruebas excluidas, ya que son fundamentales para garantizar un proceso justo y equilibrado», señaló.
Con la suspensión del juicio, la fijación de nuevas fechas dependerá del fallo del Tribunal Constitucional. Hasta entonces, el inicio del proceso queda en pausa, manteniendo la expectativa sobre la resolución de este caso judicial que ha generado atención regional.