Una modificación ingresada por el Presidente Gabriel Boric al proyecto de Reajuste permitiría que rectores y autoridades universitarias sigan en sus cargos pese a la obligación legal de renunciar a los 75 años. El cambio, calificado como un “arreglín” incluso por su definición académica, genera rechazo gremial y deja la decisión final en manos del Congreso.
El Gobierno confirmó la incorporación de una controvertida modificación legal al proyecto de ley de Reajuste del sector público, que permitiría a rectores y autoridades universitarias estatales eludir la obligación de renunciar al cumplir 75 años, tal como hoy exige la legislación vigente.
El ajuste normativo fue ingresado por el Presidente Gabriel Boric y quedó plasmado en el artículo 49 del proyecto, el cual establece una excepción directa a la Ley 21.724, que desde 2027 obliga a los funcionarios públicos de esa edad a cesar en sus funciones.
La polémica no es menor. Según la Real Academia Española, el término “arreglín”, usado transversalmente para describir esta maniobra, corresponde en Chile a un “acuerdo encubierto, no del todo lícito”. Y para muchos, la definición calza perfecto.
Una excepción a la carta para autoridades universitarias
Actualmente, la Ley 21.724 establece que todo funcionario público que cumpla 75 años debe dejar su cargo, accediendo —en la mayoría de los casos— a un bono de incentivo al retiro que implica millonarias indemnizaciones, un beneficio del que carece la mayoría de los trabajadores del país.
Sin embargo, el nuevo artículo propone que rectores, decanos y académicos de universidades estatales, elegidos mediante votación, no estén sujetos a esta causal de cese automático. En concreto, podrán completar su período o incluso continuar en funciones, siempre que cumplan requisitos que cada universidad definirá en un reglamento interno, basado en conceptos amplios como “trayectoria”, “excelencia” o “aporte al interés universitario”.
Aunque el texto aclara que estos funcionarios no tendrán derecho al bono de retiro si continúan después de los 75 años, el punto crítico está en la desigualdad del trato: mientras miles de funcionarios deberán jubilar obligatoriamente, un grupo específico quedaría liberado de la norma.
Rechazo gremial y tensión política en el Congreso
El mundo gremial ya manifestó su rechazo a la iniciativa, calificándola como una señal de privilegio encubierto y una contradicción con el discurso de equidad que ha sostenido el Ejecutivo. Para muchos, el cambio no solo rompe el principio de igualdad ante la ley, sino que además blinda cargos de alto poder e influencia, especialmente en el mundo universitario estatal.
Ahora, la definición queda en manos del Congreso Nacional, donde parlamentarios deberán aprobar o rechazar este artículo en medio de un clima político marcado por la crítica ciudadana a los beneficios diferenciados en el sector público.
En la práctica, si el Congreso da luz verde, el llamado “arreglín” pasará de ser un acuerdo informal largamente comentado, a una excepción legal plenamente vigente.
Una señal incómoda para la ciudadanía
Más allá del tecnicismo jurídico, el debate abre una pregunta de fondo: ¿por qué algunos sí y el resto no? En un país donde jubilar suele ser sinónimo de incertidumbre económica, la posibilidad de extender cargos públicos por vía legal genera ruido, molestia y una sensación de distancia entre la élite estatal y la ciudadanía común.
Así, lo que comenzó como una indicación técnica en un proyecto de reajuste, terminó convirtiéndose en un símbolo incómodo de privilegio institucional. Y esta vez, el “arreglín” no quedó bajo la mesa: quedó escrito, negro sobre blanco, en un proyecto de ley.