A casi una década de su formulación, el plan económico en el que participó el economista del IPP UNAB, Gonzalo Valdés, ofrece una hoja de ruta que sigue siendo relevante: estabilización macroeconómica, reforma fiscal, apertura gradual, fortalecimiento institucional y una política social eficiente y focalizada.
Mientras Venezuela enfrenta una nueva fase de deterioro económico, social e institucional, con inflación persistente, fragilidad fiscal, migración sostenida y una economía que sigue dependiendo casi exclusivamente del petróleo, vuelve a cobrar actualidad un diagnóstico formulado hace casi una década.
En 2016, un equipo de economistas -entre ellos Gonzalo Valdés del Instituto UNAB de Políticas Públicas- elaboró para la Asamblea Nacional un plan de recuperación económica que advertía que, sin reformas estructurales profundas, el país quedaría atrapado en una espiral de empobrecimiento y pérdida de institucionalidad
El documento, titulado Propuesta de Recuperación de la Economía de Venezuela, partía de una constatación que hoy resulta evidente: el modelo basado en control de precios, control cambiario, financiamiento del gasto público mediante emisión monetaria y un Estado sobredimensionado no solo era insostenible, sino que conducía inevitablemente a hiperinflación, escasez y descontento social
Inflación, controles y escasez: una advertencia ignorada
En 2016, el plan advertía que el control de precios no atacaba el origen de la inflación -la expansión descontrolada de la masa monetaria- y que, por el contrario, generaba desabastecimiento y mercados paralelos. Los datos ya mostraban entonces un aumento explosivo del costo de la canasta básica y un índice de escasez que se acercaba al 50% de los productos esenciales
Hoy, esa advertencia se refleja en una economía que sigue operando con fuertes distorsiones de precios, una dolarización de facto y una población que enfrenta enormes dificultades para acceder a bienes básicos, pese a una relativa estabilización nominal en algunos períodos.
El control cambiario y la pérdida de confianza
El plan también fue crítico del sistema de control de divisas, señalando que generaba corrupción, incentivos perversos y una mala asignación de recursos. La coexistencia de múltiples tipos de cambio, advertían los autores, dañaba a la industria nacional, fomentaba el mercado negro y profundizaba la salida de capitales
A casi diez años, la pérdida de confianza en la moneda y en las instituciones económicas sigue siendo uno de los principales obstáculos para la recuperación, con reservas internacionales en niveles históricamente bajos y un acceso extremadamente limitado al financiamiento externo.
Estado grande, gasto ineficiente y pobreza estructural
Otro eje central del documento fue el tamaño del Estado venezolano y la baja efectividad de su gasto social. Aunque el boom petrolero permitió reducir la pobreza en el corto plazo, el plan advertía que esos avances eran frágiles y dependientes del precio del crudo. Cuando ese precio cayó, el modelo colapsó y la inflación erosionó rápidamente los ingresos de los hogares más vulnerables
El diagnóstico proponía focalizar los subsidios, modernizar la institucionalidad y separar la política social del ciclo petrolero, una discusión que hoy vuelve al centro del debate ante la imposibilidad fiscal de sostener transferencias generalizadas.
Instituciones, propiedad y reconstrucción
Más allá de las medidas macroeconómicas, el plan subrayaba que sin independencia judicial, respeto al derecho de propiedad y reglas claras, cualquier intento de estabilización estaría condenado al fracaso. La debilidad del Estado de derecho, advertía el documento, no solo ahuyenta la inversión, sino que impide una recuperación sostenida del empleo y del crecimiento
Un plan que sigue vigente
A casi una década de su formulación, el plan económico en el que participó Gonzalo Valdés no solo anticipó buena parte de la crisis actual, sino que ofrece una hoja de ruta que sigue siendo relevante: estabilización macroeconómica, reforma fiscal, apertura gradual, fortalecimiento institucional y una política social eficiente y focalizada.
En un contexto donde Venezuela busca -una vez más- salidas a su prolongada crisis, el contraste entre las advertencias de 2016 y la realidad actual refuerza una conclusión incómoda pero persistente: postergar las reformas estructurales no evita el costo social, solo lo multiplica en el tiempo.