Una sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia reconoció contaminación del recurso hídrico en un sector donde cinco familias conviven con un vertedero sin resolución sanitaria. Vecinos denuncian años de enfermedades, pérdidas económicas y falta de respuesta municipal.
A menos de 80 metros del vertedero municipal de Lonquimay viven cinco familias del sector Rucamanque, en una situación que combina exposición permanente a residuos, contaminación ambiental y ausencia de soluciones estructurales por parte del municipio. Una sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia confirmó daño ambiental en el área, particularmente al recurso hídrico, aunque sin pronunciarse sobre los impactos en la salud y la economía de los afectados.
El vertedero funciona sin resolución sanitaria, según los antecedentes del proceso judicial, y se encuentra emplazado junto a viviendas habitadas desde hace décadas. Las familias sostienen que la cercanía con el basural ha generado enfermedades recurrentes y la pérdida de su principal fuente de ingresos, basada en la crianza de animales y producción doméstica.
Evidencias sanitarias y económicas fuera del fallo
En el expediente judicial se incorporaron registros fotográficos que muestran tumores internos en gallinas y otros animales, lo que obligó a suspender el consumo y comercialización de estos productos. Además, los vecinos reportaron enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud asociados a la exposición constante a residuos y aguas contaminadas.
Pese a estos antecedentes, la sentencia solo reconoció el daño al recurso hídrico, sin pronunciarse sobre las consecuencias sanitarias y económicas, lo que ha sido cuestionado por la defensa de las familias. La demanda fue presentada en 2022, tras el rechazo de un recurso de protección por parte de la Corte de Apelaciones, y derivó en una acción por daño ambiental.
Acusaciones de abandono institucional
La abogada de las familias, Carla Illesca, acusó abandono por parte del municipio de Lonquimay, al que responsabiliza por la operación del vertedero y la falta de soluciones definitivas. Las viviendas afectadas no cuentan con agua potable formal y dependen de camiones aljibe, un sistema que los vecinos consideran insuficiente, especialmente en períodos de altas temperaturas, cuando la descomposición de residuos intensifica los olores y la presencia de vectores sanitarios.
El alcalde Eduardo Yáñez se inhabilitó de referirse al caso por vínculo familiar con un abogado que participó en la causa. En su lugar, el administrador municipal señaló que se están evaluando medidas de corto plazo y que existe un plan de cierre del vertedero, aunque sin plazos públicos ni financiamiento detallado.
Para las familias, abandonar el sector no es una alternativa. Los terrenos pertenecen a sus padres y tienen valor patrimonial y cultural, además de que su venta sería económicamente inviable por la cercanía con el basural.
Mientras continúa el proceso judicial por indemnización —que podría extenderse hasta dos años—, los vecinos exigen el cierre del vertedero y medidas de reparación ambiental. Desde la Seremi de Salud de La Araucanía indicaron que están analizando referirse al caso.