Un informe del organismo fiscalizador reveló que la Municipalidad de Angol continuó pagando remuneraciones al director del Departamento de Salud mientras enfrentaba medidas cautelares por una investigación por delitos sexuales. Los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el pago de remuneraciones al director del Departamento de Salud Municipal (DSM) de Angol, Faustino Parra, quien posteriormente fue condenado por abuso sexual contra una funcionaria del mismo servicio.
De acuerdo con el Informe Final de Investigación Especial N.º 451, el organismo fiscalizador analizó los pagos efectuados por la Municipalidad de Angol entre los años 2023 y 2024, constatando que el funcionario continuó percibiendo su salario pese a encontrarse bajo medidas cautelares en el marco de una investigación judicial por delitos sexuales.
Más de $80 millones en remuneraciones
Según detalla el informe, durante el período analizado el directivo recibió un total de $81.374.696 en remuneraciones.
De ese monto, $52.662.470 corresponden al lapso en que se encontraba sujeto a medidas cautelares decretadas por la justicia, entre el 30 de mayo de 2023 y el 16 de septiembre de 2024.
La Contraloría advirtió que, pese a las restricciones judiciales vigentes, el municipio continuó realizando los pagos al funcionario.
Advertencias previas desde el Concejo Municipal
El exconcejal de Angol, Juan Fernández, señaló que había advertido previamente sobre estas irregularidades.
En declaraciones a Radio Bío Bío, indicó que desde que detectó los antecedentes solicitó explicaciones al municipio. Sin embargo, aseguró que dichas solicitudes no obtuvieron respuesta.
Cargo actualmente subrogado
Actualmente, la dirección del Departamento de Salud Municipal de Angol se encuentra subrogada por Javier Quiroz.
Hasta el cierre de esta edición, desde la Municipalidad de Angol no entregaron declaraciones respecto del informe de Contraloría ni sobre las eventuales sanciones administrativas que podrían derivarse del caso.
Antecedentes enviados al CDE y al Ministerio Público
El informe de la Contraloría también resolvió remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el objetivo de que evalúe eventuales acciones civiles destinadas al resarcimiento de recursos públicos.
Asimismo, la documentación fue enviada al Ministerio Público, ante la posibilidad de que algunos de los hechos revisados puedan constituir delitos.