Diversas acciones administrativas impulsadas por el alcalde Alexis Pineda apuntan a fortalecer el control interno, la transparencia y el buen uso de los recursos municipales.
La Municipalidad de Loncoche ha comenzado a implementar una serie de medidas orientadas a fortalecer la probidad administrativa y la transparencia en la gestión pública local, en el marco de lo que el alcalde Alexis Pineda Ruiz anunció como una Agenda de Probidad y Transparencia al asumir su segundo período al frente del municipio.
Aunque esta agenda aún no ha sido presentada formalmente ante el Concejo Municipal ni comunicada en detalle a la ciudadanía, diversas decisiones adoptadas durante los últimos meses han sido interpretadas como parte de ese proceso de fortalecimiento institucional.
Restricciones en pago de horas extras y control del gasto
Entre las medidas que han destacado se encuentra la eliminación del pago de horas extraordinarias para directivos municipales, además del establecimiento de un límite de 40 horas extras mensuales para funcionarios municipales.
La medida contempla algunas excepciones en áreas consideradas críticas, como conductores de vehículos de emergencia, operadores de maquinaria y funciones operativas esenciales.
Asimismo, se dispuso no pagar horas extras durante fines de semana para labores administrativas, con el objetivo de mejorar el control del gasto público y ordenar la gestión interna del municipio.
Medidas inéditas en control interno
Dentro de las acciones que han generado mayor atención pública, la municipalidad de Loncoche se convirtió en uno de los primeros municipios del país en aplicar exámenes de drogas a sus directivos, cuyos resultados fueron negativos en todos los casos.
Además, el municipio realizó la destitución de funcionarios involucrados en el uso irregular de licencias médicas, en el marco de investigaciones administrativas internas.
En materia de derechos laborales, también se estableció el derecho a pre y postnatal para funcionarias contratadas bajo la modalidad de honorarios, una medida que busca equiparar condiciones laborales dentro de la administración municipal.
Sanciones en sumarios y control de recursos
Otros antecedentes vinculados a esta agenda incluyen avances en sumarios administrativos asociados a la denominada Ley Karin, los cuales han derivado en sanciones.
Asimismo, según antecedentes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), el municipio ha reducido significativamente observaciones relacionadas con rendiciones de proyectos financiados con recursos públicos.
En paralelo, se han acotado los tratos directos en contrataciones, utilizándolos únicamente en casos puntuales, mientras que informes de la Contraloría General de la República habrían señalado que el municipio ha utilizado correctamente los recursos provenientes del royalty minero.
También se ha indicado que las remuneraciones de los funcionarios de mayor rango se ajustan al escalafón municipal vigente, sin evidencias de sobresueldos.
Transparencia y confianza pública
Estas medidas apuntan a fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública, en un contexto donde la probidad, el control del gasto y la transparencia se han convertido en demandas prioritarias en la administración del Estado.
La credibilidad que la ciudadanía deposita en sus autoridades es considerada un elemento clave para el funcionamiento democrático, ya que la confianza social se sustenta en la convicción de que las instituciones actúan conforme a la ley y en beneficio del interés público.
Pendiente: formalizar la agenda
Pese a los avances señalados, aún se espera que la autoridad comunal presente formalmente la Agenda de Probidad y Transparencia, detallando las medidas que la componen y su estado de implementación.
Entre los organismos que deberían conocer este plan se encuentran el Concejo Municipal, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) y la ciudadanía en general, con el fin de transparentar las acciones ejecutadas y aquellas que se proyectan implementar.
La presentación formal permitiría establecer con claridad los objetivos, plazos y mecanismos de seguimiento de esta agenda, considerada clave para fortalecer la gestión municipal y prevenir prácticas como la corrupción, el tráfico de influencias o el abuso de poder en la administración pública.