El Partido Liberal alertó sobre una pérdida de control en las cárceles tras hechos de violencia en Lautaro y propuso un plan piloto en La Araucanía para reforzar la seguridad intrapenitenciaria, en medio del debate nacional sobre crimen organizado y gestión del sistema penal.
El Partido Liberal en La Araucanía advirtió una creciente pérdida de control en el sistema penitenciario, tras los recientes hechos de violencia registrados en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Lautaro, donde un allanamiento dejó al menos siete internos y dos funcionarios de Gendarmería de Chile heridos.
El episodio, marcado por la resistencia de reclusos armados con elementos cortopunzantes, volvió a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad al interior de las cárceles, en un contexto donde también se han conocido antecedentes sobre medidas de control intrapenitenciario que han sido revocadas o debilitadas.
Para la colectividad, estos hechos no son aislados, sino parte de un problema estructural que refleja la dificultad del Estado para mantener el control efectivo en recintos penales cada vez más tensionados por el crimen organizado.
Un sistema bajo presión: hacinamiento, violencia y desgaste institucional
Desde el partido sostienen que el sistema penitenciario enfrenta una crisis silenciosa, donde el hacinamiento, la sobrecarga operativa y la falta de herramientas modernas han debilitado la capacidad de control.
El presidente regional del Partido Liberal, Israel Campusano, advirtió que el foco del debate público ha estado equivocado.
“Hace semanas venimos alertando que el sistema está perdiendo capacidad de control. Hoy tenemos cárceles sobrepobladas, con ingreso de ropa, alimentos y visitas con contacto que generan brechas aprovechadas por estructuras delictuales para operar desde el interior”, señaló.
El dirigente agregó que los funcionarios de Gendarmería enfrentan un escenario crítico, no solo por la violencia directa, sino también por la carga administrativa que limita su rol principal de resguardo.
“Se les exige sostener el orden en condiciones que hoy no son adecuadas. El sistema los expone y, al mismo tiempo, les pide resultados”, afirmó.
Crítica al enfoque: más penas, menos control efectivo
Uno de los puntos centrales del diagnóstico apunta a que el debate político ha privilegiado el endurecimiento de penas por sobre el control real dentro de las cárceles.
Desde la colectividad advierten que aumentar sanciones no tendrá impacto si los recintos penales continúan funcionando con modelos considerados obsoletos.
“No basta con endurecer penas si no somos capaces de controlar lo que ocurre dentro de las cárceles. Sin control interno, no hay seguridad pública”, enfatizó Campusano.
En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia medidas como el uso de vestimenta institucional, alimentación regulada por el Estado y sistemas de visitas sin contacto, con el objetivo de reducir espacios de coordinación delictual.
La propuesta: La Araucanía como laboratorio de reforma
Como respuesta, el Partido Liberal propuso implementar un plan piloto en la región de La Araucanía, orientado a transformar el sistema penitenciario en un modelo más moderno, controlado y replicable a nivel nacional.
La iniciativa contempla un estándar reforzado de seguridad intrapenitenciaria, un régimen interno estructurado con rutinas claras, uso obligatorio de uniforme y un sistema de visitas regulado y supervisado.
Además, incluye la incorporación de tecnología avanzada, como control biométrico y trazabilidad de movimientos, junto con el fortalecimiento de la inteligencia intrapenitenciaria mediante unidades especializadas.
Según explican, el objetivo es pasar de una lógica reactiva a una estrategia preventiva, donde el Estado recupere el control efectivo de los recintos penales.
De la crisis al debate nacional
Desde el partido enfatizan que este escenario trasciende lo regional y debe instalarse como una discusión país.
“Chile no puede seguir postergando este debate. Es momento de pasar del diagnóstico a la acción”, sostuvo Campusano, quien adelantó que la propuesta será llevada a instancias programáticas del partido y posteriormente al Congreso.
El desafío, advierten, será compatibilizar el fortalecimiento del control con el respeto a los derechos humanos y la reinserción social, en un contexto donde la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas.