El empresario agrícola Juan Carlos Morstadt, imputado en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, mantiene sin devolver más de $1.114 millones a la Conadi tras una frustrada compra de tierras destinada a una comunidad mapuche en Lautaro. El caso, que se extiende por más de 14 años, vuelve a generar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la eficacia de los mecanismos de restitución.
En 2011, la Conadi concretó la adquisición de un predio de 843 hectáreas por un monto total de $1.114 millones, en el marco de su política de compra de tierras para comunidades indígenas.
El terreno estaba destinado a la comunidad mapuche Blanco Lepín de Lautaro. Sin embargo, tras el proceso de entrega, los beneficiarios decidieron no aceptar el predio, lo que dejó sin efecto el objetivo original de la operación.
A pesar de ello, el pago al empresario Juan Carlos Morstadt ya se encontraba completamente ejecutado, generando un problema administrativo que con el tiempo derivó en un conflicto de larga data.
Falta de restitución y cuestionamientos al proceso
Luego del fracaso de la compra, la Conadi inició gestiones para recuperar los recursos fiscales comprometidos en la operación.
No obstante, a más de 14 años de los hechos, el dinero no ha sido reintegrado, sin que exista claridad pública sobre avances sustantivos en acciones judiciales o administrativas que permitan su recuperación.
La situación ha generado críticas respecto de los mecanismos de resguardo del patrimonio fiscal, especialmente considerando el alto monto involucrado y el prolongado tiempo sin resolución.
Intervención del CDE y gestiones institucionales
El 20 de abril de 2021, el entonces director regional de Conadi, Ignacio Malig, envió el oficio N°386 al Consejo de Defensa del Estado en Temuco.
En dicho documento, se informaba que la corporación adoptaría las acciones necesarias para obtener el reintegro del dinero pagado, derivando el caso al organismo encargado de la defensa jurídica del Estado.
Sin embargo, hasta la fecha no se han reportado resultados concretos de estas gestiones, lo que mantiene abierta la interrogante sobre el destino final de los recursos.
Caso retoma relevancia por investigación en curso
El caso ha vuelto a cobrar visibilidad pública debido a las diligencias que se desarrollan en el predio en el marco de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil.
La condición de imputado de Juan Carlos Morstadt en esa causa ha reactivado el interés sobre operaciones previas vinculadas al terreno, incluyendo la fallida compra por parte del Estado.
Posible nombramiento y falta de respuestas
En paralelo, se ha informado que Ignacio Malig —quien impulsó las acciones para recuperar los fondos— podría ser designado en los próximos días como director nacional de la Conadi.
Consultados distintos actores vinculados al caso, no se obtuvo respuesta por parte de algunos, mientras que otros optaron por no referirse públicamente a la situación.
La falta de definiciones concretas, sumada al tiempo transcurrido, mantiene abierto un caso que combina aristas administrativas, judiciales y políticas, con impacto directo en la gestión de recursos públicos destinados a comunidades indígenas.