El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó sentencia definitiva en uno de los casos judiciales más controvertidos de la última década, estableciendo penas efectivas solo para dos de los condenados por falsificación y obstrucción a la investigación.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dio a conocer la sentencia contra los imputados en la denominada Operación Huracán, confirmando que solo dos de los seis condenados deberán cumplir penas efectivas de cárcel.
El pasado 9 de enero, el tribunal había declarado culpables a seis de los once acusados por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, en un caso que marcó un profundo cuestionamiento al sistema de inteligencia policial en Chile.
Condenas efectivas de presidio
Entre los condenados se encuentra Alex Smith Leay, conocido como “El Profesor”, quien recibió una pena de 12 años de presidio. El tribunal acreditó su responsabilidad en nueve delitos de falsificación de instrumento público, ocho delitos de obstrucción a la investigación —uno de ellos en carácter calificado— y el uso malicioso de instrumento público falso.
Sin embargo, se le reconoció un abono cercano a siete años por el tiempo que permaneció sujeto a medidas cautelares durante el desarrollo del proceso judicial.
También deberá cumplir pena efectiva el excapitán de Carabineros Leonardo Osses Sandoval, condenado a 10 años de cárcel por nueve delitos de falsificación de instrumento público y siete de obstrucción a la investigación, incluyendo un ilícito calificado.
Penas sustitutivas para exfuncionarios policiales
Respecto de los otros cuatro condenados —todos exfuncionarios de Carabineros de Chile— el tribunal determinó penas que podrán cumplirse bajo el régimen de libertad vigilada.
Se trata de Gonzalo Blu Rodríguez y Patricio Alejandro Marín Lazo, condenados como autores de cinco delitos de falsificación de instrumento público y tres de obstrucción a la investigación.
En tanto, Marcelo Iván Teuber Muñoz y Manuel Riquelme Mardones fueron sentenciados por un delito de obstrucción a la investigación y otro de falsificación de instrumento público.
Un caso que remeció la inteligencia policial
Los hechos se remontan a 2017, cuando Carabineros detuvo a ocho personas pertenecientes a comunidades mapuche en la Región de La Araucanía, acusadas de contrabando de armas y participación en atentados incendiarios contra la industria forestal.
El operativo se sustentó en informes de inteligencia y supuestas interceptaciones de mensajes que posteriormente fueron cuestionadas por el Ministerio Público, tras detectarse inconsistencias técnicas en la obtención de las pruebas.
La investigación terminó transformándose en uno de los casos más emblemáticos sobre uso indebido de herramientas investigativas y control judicial de las labores de inteligencia policial en Chile.