Por Roberto Neira, alcalde de Temuco
En el debate público han comenzado a surgir propuestas que, a primera vista, parecen atractivas: eliminar el pago de contribuciones. La idea puede sonar justa para muchas familias que sienten la presión del costo de la vida. Sin embargo, cuando uno observa con detención sus efectos, especialmente desde la realidad de las municipalidades, la conclusión es clara: estamos frente a una medida que podría poner en riesgo el funcionamiento mismo de las comunas.
Y es necesario decirlo con todas sus letras: esta propuesta nace del eventual gobierno de José Antonio Kast. Y llama profundamente la atención, porque cuando se levanta un discurso centrado en el crecimiento económico, la seguridad y el orden, resulta contradictorio impulsar una medida que, en la práctica, reduce los ingresos del Estado. Menos impuestos significan menos recursos. Y menos recursos significan menos seguridad, menos vehículos municipales, menos retiro de basura, menos inversión en barrios, menos Estado en la vida cotidiana de las personas. No hay magia en esto: las comunas no funcionan con buenas intenciones, funcionan con presupuesto.
Esta es, sin duda, la gran batalla del municipalismo en Chile.
Primero, pongamos los datos sobre la mesa. En Chile, no todos pagan contribuciones. De hecho, aproximadamente el 77% de los inmuebles habitacionales está exento de este impuesto. Solo 1 de cada 4 viviendas paga contribuciones, y lo hace principalmente en sectores de mayor avalúo fiscal. Es decir, estamos hablando de un tributo progresivo, donde quienes tienen propiedades de mayor valor aportan más al desarrollo del país y, especialmente, de las comunas.
Además, existe una realidad territorial que no podemos ignorar. Las comunas con mayores ingresos —como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea— concentran gran parte de la recaudación por contribuciones. Sin embargo, ese dinero no se queda solo en esos territorios. A través del Fondo Común Municipal (FCM), se redistribuye a lo largo de Chile, permitiendo sostener a comunas con menores ingresos propios.
Este punto es clave: el 60% de lo recaudado por contribuciones va directamente al Fondo Común Municipal. Este fondo es el principal mecanismo de equidad territorial que tiene nuestro país. Gracias a él, comunas como Temuco pueden financiar servicios esenciales para la ciudadanía.
Para dimensionar su impacto, basta señalar que Temuco recibe más de 34 mil millones de pesos anuales desde el FCM, ubicándose entre las comunas que más recursos perciben a nivel nacional. Estos recursos no son un lujo: financian programas sociales, mantención de áreas verdes, alumbrado público, seguridad, cultura y una larga lista de servicios que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos.
Pero hay algo aún más preocupante. Según datos recientes, 265 de las 346 comunas del país dependen en más de un 44% de sus ingresos del Fondo Común Municipal. En casos extremos, como Isla de Pascua o comunas de La Araucanía como Saavedra o Toltén, esta dependencia supera el 90%. ¿Qué ocurriría con ellas si debilitamos la principal fuente de financiamiento del fondo?
Eliminar o reducir significativamente las contribuciones no es solo una medida tributaria: es un golpe directo a la estructura financiera de los municipios. De hecho, el impuesto territorial representa cerca del 45% del total del Fondo Común Municipal. En el caso de Temuco, además, constituye aproximadamente un 18% de nuestros ingresos totales.
Por lo tanto, hablar de eliminar las contribuciones sin una alternativa de financiamiento clara y robusta es, en la práctica, poner en riesgo la continuidad de servicios básicos para millones de chilenos.
Y frente a esto, no vamos a quedarnos en silencio. Los alcaldes de Chile nos estamos organizando. Esto no pasa desapercibido. Ya existen conversaciones y lo que viene será una defensa firme, transversal y corporativa de los alcaldes, alcaldesas y concejos municipales del país. Porque sin municipios fuertes, no existe Estado. Y si los gobiernos no protegen a sus municipios, lo que termina deteriorándose es la calidad de vida de las personas.
Esto no significa que el sistema no deba revisarse. Siempre es legítimo discutir mecanismos de alivio para adultos mayores, sectores vulnerables o casos donde el avalúo fiscal no refleja la realidad económica de las familias. Pero una cosa es perfeccionar el sistema, y otra muy distinta es desmantelarlo.
Como alcalde de Temuco, mi deber es ser claro: debilitar las contribuciones es debilitar a los municipios, y con ello, afectar directamente la calidad de vida de nuestros vecinos.
Chile necesita más equidad territorial, no menos. Y para lograrlo, debemos cuidar —y mejorar— los instrumentos que hoy permiten que comunas como la nuestra sigan avanzando con dignidad y oportunidades para todos.