La socióloga y tarotista conocida como “Miau Astral” acusa haber sido víctima de hostigamiento masivo en redes sociales tras un conflicto personal que llegó a tribunales, reabriendo el debate sobre salud mental, exposición pública y cancelación digital en Chile.
Un relato sobre exposición pública, redes sociales y salud mental volvió a abrir el debate sobre los límites del escrutinio digital en Chile. La socióloga, astróloga y tarotista Consuelo Ulloa, conocida en redes como “Miau Astral”, aseguró haber sido víctima de una “cancelación social” que —según afirma— terminó destruyendo su vida personal y profesional tras un conflicto sentimental que derivó en acciones judiciales.
La mujer sostiene que el episodio ocurrió mientras atravesaba un complejo proceso emocional marcado por la depresión tras la muerte de su mejor amiga, a quien acompañó durante años en un tratamiento contra el cáncer.
Un vínculo personal que terminó en conflicto judicial
De acuerdo con su testimonio, a fines de 2023 conoció a un hombre mediante una aplicación de citas, con quien mantuvo una relación cercana durante aproximadamente tres meses.
Ulloa reconoce haber cometido un error tras el quiebre del vínculo: enviar múltiples correos electrónicos desde su cuenta laboral en medio de un momento de fragilidad emocional. Señala que cesó inmediatamente esa conducta una vez que la justicia así lo solicitó.
Sin embargo, afirma que posteriormente se presentó un recurso de protección en su contra que, según su versión, amplificó los hechos e incluyó acusaciones que niega categóricamente, como el uso de cuentas falsas o intentos de contacto con familiares del denunciante.
Exposición pública y datos personales difundidos
La socióloga denuncia que durante el proceso judicial se expusieron públicamente antecedentes personales sensibles, incluyendo su dirección, número telefónico y diagnósticos médicos, situación que —asegura— desencadenó una masiva reacción en redes sociales.
Desde entonces, afirma haber enfrentado una campaña de hostigamiento digital, donde fue objeto de burlas, estigmatización y ataques vinculados a su salud mental.
Según relata, comenzó a circular una narrativa en internet que la calificaba con apodos ofensivos y la presentaba como una persona peligrosa, lo que derivó en una fuerte afectación a su reputación pública.
Consecuencias personales, laborales y económicas
Ulloa sostiene que las repercusiones trascendieron el mundo digital. Asegura haber perdido contratos laborales, espacios en medios de comunicación y oportunidades profesionales, además de enfrentar dificultades para arrendar vivienda.
También relata episodios de escarnio público y amenazas, situación que —según indica— impactó gravemente su salud mental, generándole agorafobia, estrés postraumático y crisis emocionales severas.
La afectada señala además que es el principal sustento económico de sus padres adultos mayores, por lo que el impacto financiero habría sido particularmente significativo.
Debate sobre cancelación digital y derecho a rehacer la vida
La socióloga sostiene que existe una distorsión pública respecto del fallo judicial, aclarando que —según su interpretación— no fue condenada por acoso, sino que la justicia dictó una medida destinada únicamente a poner fin al envío de correos electrónicos, instrucción que afirma haber cumplido.
Añade que posteriormente ofreció disculpas públicas y firmó un acuerdo extrajudicial confidencial con una de las partes involucradas para cerrar el conflicto.
Hoy, afirma, su principal objetivo es recuperar su vida laboral y personal, planteando un debate más amplio sobre el derecho a cometer errores, pedir perdón y continuar adelante sin enfrentar un castigo social permanente.
El caso vuelve a instalar preguntas sobre los límites entre la responsabilidad individual, la justicia formal y el impacto que pueden tener las redes sociales cuando un conflicto privado se transforma en un fenómeno de exposición masiva.