La Contraloría General de la República recibirá en las próximas horas una serie de denuncias contra la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía por presuntas falencias administrativas, falta de transparencia y eventuales incumplimientos en el control de tarifas del transporte rural en distintos sectores de la región.
Los antecedentes cuestionan la ausencia de mecanismos públicos, claros y verificables para supervisar los cobros aplicados por servicios rurales, situación que —según denunciantes— afectaría directamente a estudiantes, adultos mayores y familias que dependen exclusivamente de estos recorridos para acceder a servicios básicos.
Cuestionan falta de transparencia y fiscalización tarifaria
Las denuncias apuntan a posibles debilidades en materias consideradas esenciales para resguardar los derechos de los usuarios rurales, entre ellas:
- Falta de un registro formal y actualizado de tarifas.
- Escasa publicidad sobre eventuales alzas de precios.
- Débil trazabilidad administrativa en decisiones tarifarias.
- Falencias en criterios de fiscalización.
- Insuficiente protección frente a posibles cobros abusivos.
La situación genera preocupación debido a que, en gran parte de La Araucanía, el transporte rural representa la única alternativa de conectividad para comunidades apartadas.
Denuncias apuntan a eventuales responsabilidades administrativas
Los antecedentes también apuntan a eventuales responsabilidades administrativas dentro de la Seremi regional, particularmente respecto de la gestión encabezada por el actual seremi y por Ghislein San Martín, funcionaria vinculada a labores técnicas relacionadas con registros y permisos.
Según los denunciantes, San Martín habría sido destinada a otras funciones distintas a aquellas para las cuales fue contratada, situación que —afirman— podría afectar capacidades de control y fiscalización en un área considerada crítica para la conectividad rural.
Por ello, solicitarán a Contraloría determinar si dicha eventual reasignación podría constituir faltas al principio de probidad administrativa.
Gremios rurales cuestionan subsidios y congelamiento tarifario
El conflicto ocurre además en medio del creciente malestar de operadores y gremios del transporte rural, quienes critican el actual mecanismo de compensación económica impulsado por el Gobierno para enfrentar el alza de combustibles.
Transportistas aseguran que los subsidios estatales no reflejan los costos reales de operación en zonas rurales y que el sistema obliga a mantener congeladas las tarifas para acceder a los beneficios.
Según dirigentes del sector, esto habría llevado a que numerosos operadores optaran por renunciar al subsidio y aplicar aumentos directos en las tarifas para sostener económicamente sus recorridos.
Solicitan investigar capacidad fiscalizadora de Transportes
Los denunciantes pedirán además establecer si actualmente existen controles efectivos y permanentes para garantizar transparencia en los cobros realizados a usuarios del transporte rural.
Asimismo, buscarán que Contraloría determine si las capacidades de fiscalización habrían sido debilitadas por decisiones administrativas internas dentro de la Seremi de Transportes regional.
El caso ya comienza a generar inquietud en distintos sectores de La Araucanía, donde surgen cuestionamientos sobre la capacidad operativa del actual equipo regional de Transportes para resguardar adecuadamente a comunidades rurales y sectores aislados que dependen diariamente del transporte público.