Gremios productivos advierten que, pese a la baja de atentados, la sensación de inseguridad persiste y llaman a fortalecer la prevención en la Macrozona Sur.
Dirigentes gremiales valoraron la disminución de hechos violentos durante 2026, pero insistieron en que retirar o reducir el despliegue militar sería una señal equivocada para una región que aún convive con atentados, temor rural y una profunda crisis de confianza en las instituciones.
La discusión sobre la seguridad en La Araucanía volvió a instalarse con fuerza luego que la Multigremial de La Araucanía solicitara al Gobierno mantener el despliegue militar en la Macrozona Sur y reforzar los sistemas de inteligencia para prevenir atentados antes de que ocurran.
La petición surge en un contexto donde las cifras muestran una disminución de los hechos de violencia, pero donde la percepción de inseguridad continúa marcando la vida cotidiana de cientos de familias rurales, transportistas, emprendedores y trabajadores que por años han convivido con ataques incendiarios, amenazas y daños a la propiedad.
Según el informe estadístico correspondiente a mayo, elaborado por la Multigremial, se registraron seis hechos violentos entre atentados incendiarios y ataques armados en las comunas de Contulmo, Collipulli, Ercilla, Victoria, Curacautín y Lautaro.
Aunque el número representa una baja respecto de años anteriores, para los dirigentes gremiales la situación está lejos de estar resuelta.
Menos atentados, pero sin sensación de normalidad
El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, señaló que los avances observados durante los últimos meses deben consolidarse mediante una estrategia que mantenga la capacidad operativa del Estado en los territorios más afectados.
A juicio del dirigente, cualquier modificación al Estado de Emergencia debe apuntar a mejorar la coordinación y eficiencia de los mandos operativos, evitando disminuir la presencia policial y militar que actualmente cumple funciones preventivas.
La preocupación responde a una realidad que muchas veces no aparece completamente reflejada en las estadísticas: para numerosas comunidades rurales, la disminución de los atentados no necesariamente se traduce en una sensación de tranquilidad o normalidad.
La incertidumbre continúa siendo parte de la vida diaria en sectores donde la violencia ha afectado durante años la actividad productiva, la inversión y la convivencia social.
El desafío pendiente de la inteligencia preventiva
Otro de los puntos planteados por los gremios apunta a la necesidad de fortalecer los sistemas de inteligencia y análisis criminal.
El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO), Eduardo Renner, advirtió que la detención de integrantes de grupos violentos no garantiza necesariamente el fin de las acciones delictivas, ya que constantemente surgen nuevos liderazgos y estructuras operativas.
Por ello, insistió en que el Estado debe avanzar hacia una estrategia capaz de anticipar los ataques antes que reaccionar una vez consumados los hechos.
La reflexión abre un debate más amplio sobre la seguridad en La Araucanía: si bien la presencia militar ha contribuido a disminuir algunos indicadores de violencia, persiste la interrogante respecto de cuánto puede sostenerse una solución basada principalmente en medidas de control y contingencia.
Seguridad, desarrollo y diálogo: una deuda que sigue abierta
Los datos entregados por la Multigremial indican que entre enero y mayo de este año los hechos de violencia asociados al conflicto en la Macrozona Sur disminuyeron un 48%.
Sin embargo, detrás de esa cifra permanece una realidad compleja que combina demandas históricas no resueltas, desconfianza entre actores políticos y sociales, rezago económico en amplios sectores rurales y la persistencia de grupos que recurren a la violencia como método de acción.
Para diversos actores regionales, el desafío no consiste únicamente en reducir la cantidad de atentados, sino en construir condiciones que permitan recuperar la confianza, fortalecer el desarrollo económico y generar espacios de diálogo capaces de abordar las causas profundas del conflicto.
Mientras tanto, los gremios observarán con atención la implementación del nuevo mando militar unificado que comenzará a operar el próximo 20 de junio en las cuatro provincias bajo Estado de Emergencia.
A partir de esa fecha, las Fuerzas Armadas contarán con nuevas facultades para realizar controles de identidad, registrar vehículos y detener personas, medidas que vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que La Araucanía arrastra desde hace décadas: cómo alcanzar una paz duradera sin depender permanentemente de mecanismos extraordinarios de seguridad.