El administrador municipal de Lautaro aseguró que la firma del decreto observado por Contraloría se produjo en medio del gran número de documentos que suscribe una autoridad. Sin embargo, el organismo fiscalizador mantuvo que el alcalde Ricardo Jaramillo vulneró el deber de abstención al intervenir en la renovación contractual de una funcionaria con quien tiene un hijo en común.
La administración de la Municipalidad de Lautaro entregó una nueva explicación respecto del decreto que motivó una observación de la Contraloría Regional de La Araucanía contra el alcalde Ricardo Jaramillo Galindo, argumentando que la situación obedeció al elevado volumen de documentos que diariamente debe firmar una autoridad comunal.
La declaración fue realizada por el administrador municipal, Cristian Salinas, quien además aseguró que posteriormente se implementaron medidas para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.
Administrador atribuye el hecho al volumen de documentos
Según publicó Araucanía Diario, Cristian Salinas señaló que la cantidad de actos administrativos que debe suscribir un alcalde habría influido en la firma del decreto cuestionado.
«Una autoridad, usted entenderá, que a veces firma muchos documentos y nosotros, por la misma situación que se genera, tomamos los resguardos a posteriori», indicó el administrador municipal, de acuerdo con el citado medio.
Novena Digital precisó que no ha tenido acceso al registro audiovisual o sonoro de esas declaraciones, por lo que la información se presenta atribuida al medio que las difundió.
Contraloría objetó la participación del alcalde
El acto observado corresponde al Decreto Alcaldicio N.º 110, firmado el 17 de enero de 2025, mediante el cual se renovó la contratación de una funcionaria municipal con quien el alcalde Ricardo Jaramillo tiene un hijo en común.
La Contraloría Regional determinó que no existía una inhabilidad legal para que la funcionaria trabajara en la Municipalidad de Lautaro, ya que no existe vínculo matrimonial ni parentesco por afinidad entre ambos.
Sin embargo, el organismo concluyó que el jefe comunal debía abstenerse de intervenir en cualquier decisión administrativa relacionada con ella, debido al interés personal involucrado, configurándose una vulneración al deber de abstención.
Municipio afirma que corrigió el procedimiento
De acuerdo con las declaraciones atribuidas a Salinas, tras conocerse la situación la municipalidad dictó un instructivo interno para regular este tipo de actuaciones y evitar nuevas observaciones.
Posteriormente, la Municipalidad de Lautaro informó mediante un comunicado que actualmente cumple las instrucciones impartidas por Contraloría y que los documentos relacionados con la funcionaria son firmados por las autoridades competentes distintas del alcalde.
No obstante, el informe del organismo fiscalizador mantiene como hecho establecido que Ricardo Jaramillo intervino personalmente en un procedimiento del cual debía abstenerse, observación que fue clasificada como una «observación compleja» y que se mantendrá vigente mientras ejerza el cargo, debiendo excluirse de cualquier decisión relacionada con la evaluación, supervisión o renovación contractual de la funcionaria.