por: Juan Pablo Catalán
Académico e investigador de la facultad de Educación y ciencias sociales
de la universidad Andrés Bello
Juan Pablo Catalán, académico e investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, sostiene que los episodios de violencia en establecimientos educacionales responden a múltiples factores y plantea que el principal desafío es fortalecer una cultura preventiva, con foco en el bienestar y la salud mental de las comunidades educativas.
Los recientes episodios de violencia registrados en establecimientos educacionales del país, como el ataque que dejó gravemente herida a una estudiante de siete años en un colegio de La Granja, han reabierto el debate sobre la convivencia escolar y la capacidad de las comunidades educativas para prevenir situaciones de alta complejidad.
Para Juan Pablo Catalán, académico e investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, estos hechos no deben interpretarse únicamente como un aumento de la violencia al interior de las escuelas, sino como la expresión de problemáticas sociales que hoy impactan con mayor fuerza a los establecimientos educacionales.
«Más que afirmar que toda la violencia escolar se ha intensificado, la evidencia muestra que Chile enfrenta una mayor complejidad en los episodios de convivencia y una creciente visibilidad de hechos de alta gravedad», explica. En ese sentido, agrega que la escuela «no está generando la violencia, sino que está recibiendo problemáticas sociales cada vez más complejas, como el deterioro de la salud mental, la exposición a conductas violentas en entornos digitales y el debilitamiento de los vínculos comunitarios».
El investigador señala que la violencia escolar es un fenómeno multifactorial, influido por factores personales, familiares, escolares y sociales. A ello se suman desafíos propios del contexto actual, como el impacto de la pandemia en el bienestar socioemocional de niños, niñas y adolescentes, el aumento de los problemas de salud mental, la exposición temprana a contenidos violentos en redes sociales y las dificultades para resolver conflictos mediante el diálogo.
«Estas agresiones no pueden entenderse únicamente como problemas de disciplina. Son la expresión de necesidades socioemocionales que requieren intervención temprana, apoyo familiar y respuestas educativas sostenidas», afirma.
El desafío de implementar una convivencia preventiva
Catalán destaca que la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas representa un avance al promover un enfoque preventivo, centrado en el bienestar y la corresponsabilidad de todos los integrantes de la comunidad escolar.
No obstante, advierte que el principal reto está en su implementación. «Muchos establecimientos aún carecen de equipos interdisciplinarios suficientes, presentan una alta sobrecarga sobre docentes y directivos y enfrentan limitaciones para acceder oportunamente a apoyo especializado en salud mental», sostiene.
En este escenario, plantea que fortalecer la convivencia escolar requiere avanzar en medidas permanentes más allá de la respuesta ante las crisis. Entre ellas, menciona el fortalecimiento de los equipos de convivencia con profesionales especializados, el desarrollo de programas de aprendizaje socioemocional, la detección temprana de estudiantes en riesgo y una mayor coordinación entre los sistemas de educación, salud y protección de la niñez.
Asimismo, subraya que la seguridad en las escuelas no depende exclusivamente de protocolos o medidas de control. «La convivencia escolar debe construirse todos los días y no solamente cuando ocurre una crisis», enfatiza.
Construir comunidades educativas más resilientes
Para el académico de la UNAB, el desafío de fondo consiste en transformar la nueva normativa en prácticas concretas que lleguen a cada establecimiento educacional y asumir que la convivencia escolar es una responsabilidad compartida.
«La convivencia escolar no puede seguir siendo responsabilidad exclusiva del encargado de convivencia; debe convertirse en una tarea compartida entre directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, familias y el Estado», señala.
En esa línea, concluye que reducir los episodios de violencia requiere fortalecer las capacidades de las comunidades educativas y consolidar redes de apoyo que permitan actuar antes de que los conflictos escalen. «En definitiva, el gran desafío no es solo reducir los hechos de violencia, sino construir comunidades educativas donde el buen trato, la salud mental y el bienestar sean parte del proyecto educativo y no una respuesta excepcional frente a las crisis», concluye.