El hogar El Edén arrastraba sumarios y sanciones desde 2019 y, según la propia Municipalidad de Pitrufquén, en febrero de este año se pidió fiscalizarlo por incumplimientos y presuntos maltratos. Cinco meses después, 16 adultos mayores murieron atrapados por las llamas. La tragedia abre una pregunta que va mucho más allá del origen del incendio: ¿quién debía protegerlos antes de que fuera demasiado tarde?
El incendio que destruyó el hogar de adultos mayores El Edén, en Villa Comuy, Pitrufquén, dejó 16 personas fallecidas y una pregunta que difícilmente podrá apagarse junto con las últimas brasas del siniestro: ¿qué ocurrió antes de que comenzara el fuego?
La respuesta todavía está en investigación. Fiscalía, Carabineros y equipos especializados deberán determinar el origen y causa del incendio, mientras avanzan las pericias destinadas a identificar a las víctimas.
Pero existe otra investigación que la sociedad también debería exigir: saber por qué un recinto que, de acuerdo con las propias autoridades, acumulaba antecedentes de irregularidades pudo continuar funcionando hasta terminar convertido en el escenario de una tragedia que cobró la vida de 16 adultos mayores.
EL EDÉN ESTABA BAJO LA LUPA
La información conocida después del incendio resulta especialmente inquietante. El seremi de Salud, José Bravo, señaló que el establecimiento era “un lugar irregular” y que desde 2019 había sido sumariado, multado y considerado reincidente en infracciones.
El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, también confirmó la existencia de antecedentes acumulados durante años. Según explicó, desde hace al menos siete años se registraban sumarios contra el recinto, algunos de los cuales terminaron con multas luego de comprobarse infracciones.
A esos antecedentes se suma un proceso de fiscalización iniciado el año pasado y una denuncia presentada por la Municipalidad de Pitrufquén en febrero de 2026 por presuntos maltratos al interior del establecimiento.
La alcaldesa Jacqueline Romero confirmó además que el municipio había enviado una carta solicitando fiscalización debido a que el recinto no cumpliría con la normativa y que mantenía un sumario sanitario.
Entonces aparece la pregunta inevitable. Si existían fiscalizaciones, sumarios, multas, reincidencias y nuevas alertas, ¿por qué el hogar continuaba operando?
No se trata de atribuir anticipadamente responsabilidades penales. Eso corresponde a la investigación judicial. Se trata de determinar responsabilidades administrativas y políticas: quién fiscalizó, qué detectó, qué medidas adoptó, qué quedó pendiente y por qué las medidas anteriores no fueron suficientes para impedir que una situación de riesgo llegara a este extremo.
UNA TENS PARA 26 ADULTOS MAYORES
Otro antecedente conocido tras la tragedia agrega una nueva dimensión al caso. En el momento del incendio habría habido una sola TENS de turno para atender a los 26 residentes del establecimiento.
La trabajadora logró evacuar por sus propios medios a diez personas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica. Posteriormente fueron evaluadas y, según los antecedentes disponibles, dadas de alta.
Pero 16 adultos mayores no lograron salir.
Ese dato obliga a mirar la tragedia más allá de las llamas. Un incendio en cualquier lugar puede convertirse en una emergencia extrema. Pero cuando ocurre en un establecimiento destinado al cuidado de personas mayores, muchas de ellas posiblemente con movilidad reducida o necesidades especiales de asistencia, la capacidad de evacuación y la dotación de personal adquieren una importancia crítica.
¿Era suficiente una persona para responder ante una emergencia de esta magnitud?
¿El recinto cumplía las condiciones exigidas para funcionar?
¿Existían protocolos de evacuación adecuados?
¿Había sistemas de alarma y seguridad contra incendios operativos?
¿Las fiscalizaciones anteriores revisaron efectivamente estas condiciones?
Son preguntas que deberán ser respondidas con documentos y antecedentes oficiales, no con declaraciones posteriores a la tragedia.
EL PROBLEMA NO COMENZÓ ESA NOCHE
La muerte de 16 adultos mayores no puede analizarse solamente desde el momento en que comenzó el incendio.
La tragedia tiene una dimensión anterior. Porque, según los antecedentes entregados por las propias autoridades, El Edén no era un establecimiento desconocido para el Estado. Había sido fiscalizado, sumariado y sancionado. Existían antecedentes desde 2019 y nuevas actuaciones administrativas.
Por eso, una eventual investigación seria no debería limitarse a determinar qué provocó el fuego. También tendrá que establecer si existieron advertencias suficientes, qué medidas fueron adoptadas frente a ellas y si esas medidas fueron realmente capaces de proteger a quienes vivían allí.
La pregunta no es menor. Cuando un recinto que alberga a personas mayores acumula infracciones durante años, ¿en qué momento una multa deja de ser una solución y se transforma simplemente en otro antecedente dentro de una carpeta?
LA TRAGEDIA DE LOS QUE NO PUEDEN DEFENDERSE
Los adultos mayores que murieron en El Edén no estaban en un edificio público ni participaban de una actividad masiva. Vivían en un establecimiento privado destinado precisamente a entregarles cuidado.
Ese punto también abre una discusión social más profunda. En Chile, muchas familias deben recurrir a establecimientos de larga estadía porque no cuentan con las condiciones para asumir personalmente el cuidado de sus familiares mayores. Depositan allí algo que no se puede comprar de vuelta: la confianza.
Y cuando esa confianza falla, el Estado tiene una responsabilidad que no puede limitarse a aparecer después de la tragedia.
Fiscalizar no consiste solamente en detectar una infracción. También implica asegurar que las condiciones que ponen en riesgo a las personas sean corregidas y que, cuando ello no ocurre, existan mecanismos efectivos para impedir que el establecimiento continúe funcionando en condiciones inseguras.
Porque una multa no evacúa a una persona durante un incendio. Un sumario no abre una puerta. Una carta de fiscalización no reemplaza una medida de protección. Y una alerta ignorada no sirve de mucho cuando la emergencia finalmente llega.
LO QUE DEBE RESPONDER EL ESTADO
La investigación judicial deberá establecer las responsabilidades que correspondan por las 16 muertes y determinar las circunstancias exactas del incendio.
Pero paralelamente existe una responsabilidad pública que merece respuestas.
¿Qué fiscalizaciones recibió El Edén desde 2019?
¿Qué infracciones fueron detectadas?
¿Cuáles fueron las multas aplicadas?
¿Qué medidas correctivas se exigieron?
¿Fueron cumplidas?
¿Qué ocurrió con el sumario sanitario vigente?
¿Qué respuesta tuvo la denuncia municipal de febrero?
¿Quién debía verificar que las condiciones del establecimiento fueran adecuadas?
¿Existían planes y sistemas de evacuación acordes con las características de sus residentes?
Y, especialmente, ¿por qué un establecimiento que acumulaba antecedentes administrativos continuó funcionando hasta que 16 adultos mayores terminaron muertos?
Son preguntas que no buscan anticipar culpables. Buscan algo mucho más básico: establecer si el sistema de protección funcionó antes de que fuera necesario contar cadáveres.
Porque después de una tragedia siempre aparecen las autoridades, las investigaciones, los peritos y los discursos.
El verdadero examen de un Estado que protege a sus ciudadanos ocurre antes. Cuando alguien fiscaliza. Cuando alguien advierte. Cuando alguien recibe una denuncia. Cuando alguien tiene la facultad de actuar. En Pitrufquén, 16 adultos mayores ya no pueden esperar esas respuestas.
Ahora corresponde que las instituciones que sí pueden responderlas lo hagan con documentos, responsabilidades y verdad.