Una comunicación de última hora desde el nivel central permitió desactivar la paralización anunciada por los proveedores de agua potable rural, quienes acusaban una deuda impaga desde agosto.
El paro de camiones aljibe en La Araucanía, que estaba programado para iniciar este viernes, fue frenado tras un compromiso formal de pago por parte del Ministerio del Interior. La medida de fuerza había sido anunciada por los propietarios de los vehículos que abastecen de agua potable a sectores rurales de la región, quienes denunciaban retrasos en los pagos por servicios prestados desde el mes de agosto.
Según confirmaron los propios afectados, la paralización fue desactivada luego de recibir un correo electrónico de última hora desde el Ministerio del Interior, en el que se establecieron fechas concretas para el pago de los montos adeudados, lo que permitió destrabar el conflicto, al menos de manera momentánea.
Gestiones previas y advertencia de paralización
Durante los días previos a la Navidad, se desarrollaron intensas gestiones y negociaciones entre los empresarios del rubro y las autoridades de Gobierno, luego de que los proveedores anunciaran públicamente que dejarían de distribuir agua potable si no se regularizaba la situación financiera.
El pasado lunes, los dueños de camiones aljibe, acompañados por un abogado, ingresaron una carta formal ante la Delegación Presidencial de La Araucanía y la Contraloría General de la República a nivel regional, exponiendo los retrasos en los pagos y advirtiendo que, de no existir respuestas concretas, iniciarían un paro indefinido.
La eventual paralización generó preocupación, considerando que los camiones aljibe cumplen un rol clave en el abastecimiento de agua potable a comunidades rurales, especialmente en comunas que no cuentan con redes formales de suministro y dependen exclusivamente de este servicio para el consumo humano.
Compromiso de pago y suspensión momentánea del paro
La noche del miércoles 24 de diciembre, los afectados recibieron finalmente un correo electrónico desde el Ministerio del Interior, en el que se comprometió el pago de la deuda acumulada. Esta comunicación fue clave para bajar la movilización anunciada, aunque los proveedores recalcaron que se mantendrán en estado de alerta.
La vocera del grupo, Claudia Fernández, explicó que el compromiso establece plazos claros.
“A más tardar este 30 de diciembre nos transferirán los dos meses más atrasados, correspondientes a agosto y septiembre. El último trimestre lo cancelarían durante enero”, señaló.
Pese a valorar el compromiso asumido por la autoridad, los empresarios recalcaron que la decisión de suspender el paro es temporal y condicionada al cumplimiento efectivo de los pagos comprometidos. En ese sentido, advirtieron que no descartan retomar la movilización si vuelven a registrarse atrasos en la cancelación de los servicios.
Desde el sector señalaron que la situación vivida en los últimos meses ha generado dificultades financieras importantes, considerando los costos operativos asociados al combustible, mantención de los vehículos y pago de personal, elementos que hacen inviable seguir prestando el servicio sin una retribución oportuna.
El conflicto dejó en evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua potable rural, así como la dependencia que existe de estos proveedores privados para garantizar un derecho básico en amplias zonas de La Araucanía. Por ahora, el compromiso del Ministerio del Interior permitió evitar una crisis mayor, aunque los afectados insisten en que el problema de fondo requiere soluciones estructurales y pagos oportunos para asegurar la continuidad del servicio.