La justicia acogió la solicitud de la defensa del funcionario judicial Rodrigo Chávez, imputado por el delito de lavado de activos en el marco de la denominada Operación Imperio, rebajando la medida cautelar que cumplía desde su formalización.
El abogado, funcionario del Tribunal Oral en lo Penal, quedó sujeto únicamente a arresto domiciliario parcial nocturno, dejando atrás el arresto domiciliario total que regía en su contra desde el inicio de la investigación.
Jueza acoge solicitud de la defensa
La decisión fue adoptada por la jueza de Garantía de Temuco, Marcia Castillo, quien estimó procedente modificar la cautelar solicitada por la defensa de Chávez, considerando el estado actual de la investigación.
El imputado fue formalizado luego de que el Ministerio Público acreditara que habría operado como testaferro o “palo blanco” de empresarios investigados, inscribiendo a su nombre una aeronave posteriormente incautada por la Policía de Investigaciones.
Empresario José Alvo mantiene arresto domiciliario total
Distinta fue la situación del empresario José Alvo, también imputado en la causa. El tribunal rechazó la solicitud de su defensa para rebajar el arresto domiciliario total a parcial, manteniéndose la medida cautelar vigente.
El fiscal Enrique Vásquez se opuso a la petición, argumentando que aún restan diligencias clave dentro de la investigación, postura que fue acogida por la magistrada.
Operación Imperio: más de $3 mil millones incautados
La Operación Imperio, liderada por el Ministerio Público junto a la PDI, permitió la detención de más de 40 personas por delitos de lavado de activos y otros ilícitos económicos.
En el marco de este procedimiento, las policías lograron incautar más de $3 mil millones en dinero y bienes, incluyendo inmuebles, vehículos y otros activos vinculados a la estructura investigada.
Juicios abreviados y nombres aún no revelados
Hasta la fecha, más de 20 imputados han aceptado los hechos contenidos en la carpeta investigativa y han accedido a juicios abreviados, recibiendo penas que no superan los cinco años de presidio, las cuales están siendo cumplidas bajo el régimen de libertad vigilada.
Pese a que las sentencias se encuentran firmes y ejecutoriadas, el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía no han confirmado públicamente la identidad de estas personas, quienes figuran como cómplices y no estarían amparadas por ninguna reserva legal, según se indicó durante el proceso judicial.