La nueva Ley Básica de Inteligencia Artificial impone reglas estrictas, clasifica sistemas por nivel de riesgo y obliga a empresas globales a transparentar el uso de algoritmos ante los usuarios.
Corea del Sur marcó un hito global al convertirse en el primer país del mundo en aplicar plenamente una ley integral para regular la inteligencia artificial (IA), tras la entrada en vigor de la Ley Básica sobre el Desarrollo de la IA. La normativa establece un marco completo que busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales, la seguridad de las personas y la transparencia en el uso de sistemas automatizados.
El nuevo cuerpo legal fija obligaciones concretas para empresas, desarrolladores y organismos públicos, abordando riesgos asociados a la desinformación, el uso indebido de datos personales y el impacto social de la IA, en un contexto donde estas tecnologías avanzan más rápido que las regulaciones tradicionales.
Sistemas de IA clasificados según su nivel de riesgo
Uno de los ejes centrales de la normativa es la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo. En esta categoría de “alto riesgo” se incluyen modelos utilizados en ámbitos sensibles como procesos de selección laboral, evaluación de créditos, diagnósticos médicos y generación de contenidos que puedan afectar la seguridad, la privacidad o los derechos fundamentales de las personas.
Las empresas que desarrollen o utilicen estos sistemas deberán informar explícitamente a los usuarios cuando interactúen con contenidos generados por IA, incorporando mecanismos de identificación como marcas de agua digitales, con el objetivo de prevenir fraudes, confusión y la proliferación de deepfakes.
Obligaciones para empresas extranjeras y gigantes tecnológicos
La ley también impone nuevas exigencias a compañías extranjeras que ofrezcan servicios de IA en Corea del Sur. Aquellas que superen ciertos umbrales —ingresos globales mayores a US$630 millones, ventas locales por sobre US$6,3 millones o más de un millón de usuarios activos diarios— deberán designar un representante legal local.
Bajo estos criterios, grandes actores globales como OpenAI y Google quedarían directamente sujetos a esta obligación, reforzando el control regulatorio del Estado sobre tecnologías desarrolladas fuera del país.
Periodo de adaptación y sanciones por incumplimiento
Aunque la ley ya se encuentra vigente, el Gobierno surcoreano estableció un periodo de gracia de un año para facilitar la adaptación de empresas y organismos públicos. Durante este plazo no se aplicarán sanciones ni se abrirán investigaciones formales.
Una vez superada esta etapa, los incumplimientos podrán ser sancionados con multas de hasta US$23.000, además de otras medidas administrativas. Para apoyar la transición, se creó una mesa técnica de asesoría, destinada a orientar a las compañías en el cumplimiento de la nueva normativa.
El segundo viceministro de Ciencia y Tecnologías de la Información, Ryu Je-myung, afirmó que esta ley “posiciona a Corea del Sur en el centro del desarrollo global de la inteligencia artificial y abre el camino hacia una sociedad plenamente basada en esta tecnología”.
La entrada en vigor de este marco regulatorio antecede incluso a la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, aprobada en 2024 pero cuya aplicación obligatoria comenzará recién en 2027, consolidando a Corea del Sur como pionero mundial en regulación efectiva de la IA.